Cayetana Álvarez de Toledo, diputada y portavoz del Grupo Popular en el Congreso, es aristócrata, culta, osada, radical y firme en sus convicciones. Y también deslenguada. Podría ser un magnífico azote del Gobierno si, además de esas cualidades, manejase mejor la documentación para ejercer su derecho a la crítica. Ayer le dijo a Pablo Iglesias que era hijo de un terrorista y pertenecía «a la aristocracia del crimen político». Por eso hablo de sus defectos de documentación. Francisco Javier Iglesias Peláez estuvo en la cárcel franquista, pero no por participar en el asesinato de un policía, como a veces se publicó, sino por propaganda ilegal. El periodista Herman Tertsch le hizo la misma acusación y un juzgado de Zamora le condenó a indemnizarlo por intromisión ilegítima y vulneración del derecho al honor. Se trata, por tanto, de asunto juzgado y me temo que a Álvarez de Toledo le ocurrirá lo mismo si don Francisco Javier procede contra ella.
No hace falta decir que este episodio no es ninguna anécdota. Marca uno de los niveles más altos en la crispación de nuestra clase política. Recuerda alguna de las escenas del Parlamento de la II República, cuando sus señorías se echaban en cara la violencia de la calle e incluso la autoría o inspiración de algunos de los crímenes políticos que llevaron a este país a la más incivil de las guerras. Hay algo de recuerdo de aquellas trifulcas en la vida parlamentaria actual. Los mismos que después tratan de lograr un acuerdo que llaman de reconstrucción utilizaron ayer términos como «indigno», «miserable» o «traidor» para referirse al ministro Fernando Grande-Marlaska. Y el señor presidente del Gobierno tampoco se queda corto cuando sus respuestas a Pablo Casado se limitan a situarlo en la extrema derecha. El insulto y la vejación están sustituyendo peligrosamente al razonamiento y demuestran la bajísima calidad del debate político.
No propugno, naturalmente, una vida parlamentaria plana y sin tensión. El Parlamento, para suscitar el interés ciudadano, tiene que ser vivo y dinámico. Pero, si se trata de cargarse a un ministro, hay que hacerlo con argumentos, no con gritos ni descalificaciones. Si se trata de denunciar la obra de gobierno, es más eficaz la simple enumeración de datos que la retórica de la demolición verbal. No saben los oradores impulsivos la credibilidad que pierden si no acompañan su pasión de razones objetivas. O parciales, pero razones. Y, sobre todo, no saben el daño que hacen a la convivencia. El rencor que se ve en algunas de sus palabras, ¿cómo se traslada a las relaciones entre ciudadanos? Por supuesto, como rencor. Y esto no es teoría. En algunas protestas recientes ya lo hemos empezado a ver.