redacción

«Audinotada» es un término de la época de Riego, aunque se había gestado en la primera etapa constitucional, cuando el todavía capitán retornaba a España tras haberse fugado de su confinamiento como prisionero de guerra en Francia. Un diario madrileño, El Procurador general de la Nación y del Rey, había logrado una gran exclusiva en febrero de 1814: en la cárcel de Granada estaba preso un general francés, Louis Audinot, que había venido a España como espía, enviado por Napoleón, para proclamar la república en colaboración con Agustín Argüelles y otros conspicuos liberales. El periódico recogía la extensa declaración judicial de Audinot y comenzó una feroz campaña contra el gobierno liberal, apoyado por su colega La Atalaya de la Mancha en Madrid y coreado por los medios serviles del resto de España. La cosa se complicó porque se acusó a la regencia de querer trasladar el caso a Cádiz, donde los jueces serían más proclives al sistema constitucional, lo que supondría una injerencia del poder ejecutivo en el judicial. Los defensores del absolutismo, súbitamente enamorados de Montesquieu, acusaban a los liberales de violar la Constitución que detestaban y de no respetar la independencia judicial. Lógicamente, el caso llegó a las Cortes y los diputados reaccionarios, los futuros persas, lo aprovecharon para acosar al gobierno liberal.

Era todo una patraña. El supuesto general era un estafador francés, antiguo fraile, llamado Jean Barteau, que se prestó a colaborar en una campaña de intoxicación contra el nuevo régimen constitucional. Como señala Gil Novales, del famoso caso pasó «audinotada» a nuestro idioma, palabra, que, aunque no haya sido nunca incorporada por la RAE al diccionario, viene muy al caso en estos días.

Verdadera audinotada es lo que está sucediendo con las manifestaciones del 8 de marzo y las maniobras de las derechas para criminalizar la acción del gobierno. Que concentren su artillería contra el 8 de marzo solo corrobora el nacionalmachismo que caracterizó a Vox desde su nacimiento y que el PP, como buena parte de la sociedad española, defiende la igualdad de la mujer solo de boquilla.

A toro pasado, sería razonable una crítica al gobierno por no haber suspendido las reuniones públicas en toda España y cerrado completamente Madrid y Barcelona a finales de febrero, aunque no esté la oposición en las mejores condiciones para hacerla. Lo que solo puede considerarse una burda manipulación es atribuir el aumento de contagios a las manifestaciones feministas y olvidarse de los campos de fútbol, en los que se reunieron más personas y más juntas ese fin de semana; de las misas dominicales, con un público mayor, muy sensible al virus; de mítines como el de Vox; del metro de las grandes ciudades; de las discotecas; de bares y restaurantes; de las universidades, en las que decenas de alumnos, todos adultos y algunos de edad avanzada, se hacinaron en las aulas, sin separación alguna, hasta el día 12 o el 13; de los centros de trabajo... Si se apunta contra el 8 de marzo es para matar dos pájaros de un tiro: el auge del feminismo y el gobierno progresista que apoyó las manifestaciones y promueve la igualdad.

Los que claman contra las ministras feministas son los mismos que, desde los modernos Procuradores y Atalayas, se indignaron cuando se decretó el estado de alarma por el ataque a la libertad que suponía la «prohibición» del culto católico, los que vociferaron porque se paraba la economía, los del ¡Madrid no se cierra!

No se trata solo de clamores farisaicos. El vídeo de Irene Montero, que un periódico madrileño transformó en audinotada, solo desde la más rotunda estupidez o la peor voluntad de manipular podría entenderse como una confirmación de que el gobierno conocía el riesgo que implicaban las manifestaciones. Había cierto temor a una enfermedad cuya gravedad todavía no se conocía bien y es fácil que eso retrajese a posibles manifestantes ¿qué puede probar un comentario tan inocente? ¿Puede haber mayor desmentido que ministras, cargos y afiliadas del PSOE y de Unidas Podemos y sus familiares hayan asistido masivamente a las manifestaciones en toda España?

El informe realizado por algunos guardias civiles para justificar la imputación del delegado del gobierno en Madrid e intentar extenderla a otras personas, incluido Fernando Simón, es otra audinotada, como han demostrado los medios que no participan en la campaña para derribar al gobierno. Puede ser una simple muestra de incompetencia o algo peor, pero evidencia que el cese del coronel Pérez de los Cobos está plenamente justificado. Lo que extraña es que los firmantes del escrito no hayan sido destinados a regular el tráfico en Lago de Babia, hermoso pueblo leonés en el que, sin duda, se sentirían cómodos y habría pocas posibilidades de que provocasen un accidente. Según informa la Cadena SER, quien presentó las querellas, que tanto entusiasman a los nuevos Procuradores, Atalayas y persas, contra el delegado y el propio presidente del gobierno es un abogado «condenado y sancionado por estafar a clientes», resucita Jean Barteau.

Asociaciones de policías y guardias civiles, columnistas y políticos derechistas se han rasgado públicamente las vestiduras por los supuestos ataques a la guardia civil derivados de la filtración del escrito insidioso, que el ministro Garzón, en unas declaraciones, habría extendido a la policía. El corporativismo, que intenta evitar cualquier crítica y obstaculiza todo intento de mejora, es uno de los males históricos de este país. Nadie, salvo la ministra de Defensa, puede creer que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estén integrados por serafines. Son pocos, pero no es extraño leer en los periódicos que algún guardia o policía, incluso mandos, es detenido o procesado por cometer delitos. Eso sí, quienes los descubren y arrestan son sus propios compañeros honestos. El teniente coronel Tejero y sus ángeles caídos pertenecían al cuerpo. Una de las principales organizaciones policiales, JUSAPOL, tuvo durante tiempo como portavoz, no sé si ya lo ha cesado, a un policía fascista y racista, que hacía gala de ello en las redes sociales. Está reciente, fue el tres de marzo, la intervención de Ortega Smith en una de sus manifestaciones, otra probable fuente no feminista de contagio del virus, y pueden verse en Internet las fotos de los abrazos que recibió de manifestantes con camisetas de la policía y la guardia civil. El escándalo de la llamada «policía patriótica» no está muy alejado en el tiempo. Hace poco que varios comisarios hicieron público su apoyo al torturador franquista apodado Billy el Niño. ¿Hay guardias y policías de extrema derecha? Ellos mismos lo dicen ¿Pueden estar participando en la trama de descrédito y persecución judicial del gobierno? No resulta increíble ¿Quiere decir eso que la policía y la guardia civil actúan, como cuerpos, de forma antidemocrática, poco profesional o ilícita? No.

Hay jueces, como el presidente del Tribunal Superior de Castilla y León, que ya se había opuesto a la exhumación de Franco, que hacen política sin recato, como cuando expresó su disgusto por la «crisis política derivada de un Gobierno que usa la paralización de un país para fines distintos que salvar a la gente de la enfermedad». No se puede tampoco por su causa atribuir la militancia antigubernamental a toda la judicatura, pero la sospecha de que tras las audinotadas no están solo los nuevos políticos persas y sus periódicos afines no carece de fundamento. No deja de ser extraña la judicialización de la política española, la proliferación de querellas, con o sin apoyo de informes policiales.

Las audinotadas también se multiplican, no creo que nadie haya olvidado la infame acusación contra el gobierno de querer practicar una eutanasia generalizada aprovechando la epidemia, ahora se sabe quién ordenó que ancianos y discapacitados no fuesen trasladados a hospitales: el gobierno de Ayuso, apoyado por Vox.

La audinotada define una campaña periodística y política sustentada en falsedades, pero también un tipo de oposición insana, que, en el fondo, se niega a aceptar la esencia del sistema representativo: que es el electorado el que decide quién tiene mayoría para gobernar. En 1814, la campaña política contra el gobierno progresista se cerró con un golpe de estado, organizado por el rey con los generales Eguía y Elío. Argüelles fue detenido y encarcelado por liberal, pero no condenado por el falso complot republicano, pues Barteau, descubiertas sus mentiras, acabó confesando que era un impostor. Los redactores del Procurador recibieron prebendas del agradecido Fernando VII: la grandeza de España, el marqués de Villapanés; obispados, Andrés Esteban y Manuel Martínez; Guillermo de Hualde fue nombrado consejero de estado. Quizá algunos añoren hoy un final parecido, pero no es previsible, lo que no quita que la mentira y la insidia puedan acabar teniendo éxito. Estados Unidos y Brasil no están tan lejos como puede parecer.

Comentarios

La audinotada del 8 de marzo