El escándalo son las residencias en Madrid

Enrique Clemente Navarro
Enrique Clemente LA MIRADA

OPINIÓN

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

15 jun 2020 . Actualizado a las 09:05 h.

El archivo provisional por parte de la jueza de la causa por el 8-M plantea cuestiones más que inquietantes, que no deberíamos dejar pasar. ¿Por qué agentes de la Guardia Civil elaboraron un informe que contiene numerosos errores, bulos y mentiras, y que incluía la falsificación de la declaración de un testigo? ¿Cómo es posible que el informe técnico recayera en un médico forense especialista en psicoterapia sin conocimientos de epidemiología, que expresa en el mismo opiniones personales y no criterios científicos objetivos? ¿Debió la jueza imputar al delegado del Gobierno en base a estos dos informes totalmente sesgados? ¿Estamos ante un episodio, el primero de una larga lista, de lawfare o guerra judicial contra el Gobierno? Esta causa fake, de hecho, ha tenido consecuencias políticas pese a su inanidad. En primer lugar, ha centrado el debate político y mediático varios días, imponiendo los marcos del mismo, como diría Lakoff. En segundo término, ha dejado tocado al ministro Grande-Marlaska por destituir al coronel Pérez de los Cobos sin dar las auténticos razones por las que lo hizo. Pero, sobre todo, ha logrado desviar la atención de la opinión pública sobre el verdadero escándalo de esta pandemia: lo sucedido en las residencias de la Comunidad de Madrid, donde miles de ancianos han muerto sin recibir atención hospitalaria. Varios documentos demuestran que el gobierno que preside Díaz Ayuso dio órdenes para que determinados mayores no fueran trasladados a hospitales, lo que equivalía en muchos casos a una sentencia de muerte. Y aquí sí que existen indicios de que se han cometido graves delitos. Veremos qué dicen los informes de la Guardia Civil y a quién imputan, si es que lo hacen, los jueces.