En un momento en que, a cuenta de la investigación abierta al rey emérito por la Fiscalía del Tribunal Supremo, arrecia la arremetida de Podemos (¡incluso desde el Gobierno!) y de los independentistas contra la Corona, no estará de más intentar situar el debate monarquía sí / monarquía no en su lugar, muy lejos de aquel en que se empeñan en colocarlo los que ven hoy la eventual proclamación de una III república en España como un modo de dar la puntilla al sistema constitucional de 1978, de cuya mano hemos alcanzado unas cotas de libertad, igualdad y solidaridad nunca en el pasado conocidas.
Recordemos, en primer lugar, un hecho histórico esencial: que los Estados europeos que construyeron con mayor facilidad y rapidez sus instituciones, primero constitucionales y luego democráticas (Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Suecia, Noruega o Dinamarca), son hoy todos monarquías, mientras que los que tuvieron graves problemas para avanzar en los dos procesos referidos abolieron las suyas entre finales del siglo XIX y principios del XX (Francia, Portugal, Alemania, España, Austria, Polonia o Grecia).
Y, aunque los reyes no favorecieron en parte alguna los procesos democratizadores, sino todo lo contrario, sí contribuyeron, en cambio, a dar una estabilidad a sus países que los libró de gran parte de los demonios que las repúblicas debieron soportar.
Es verdad, por supuesto, que una institución que se basa en el principio de la sucesión hereditaria no resulta democrática. Pero también que es tal condición la que, precisamente, permite al rey, en una democracia de partidos, como lo son todas las actuales, ser el único órgano del Estado que puede actuar de un modo imparcial, es decir, por encima de la legítima e inevitable lucha partidista.
La monarquía es imparcial, por no partidista (al contrario de lo que ocurre, en mayor o menor grado, con las demás instituciones del Estado democrático), pero ni es ni puede ser neutral, pues un monarca parlamentario debe estar comprometido en la defensa de los principios constitucionales, que es lo que, en una acción de auténtico delirio, se le ha criticado al rey Felipe VI cada vez que ha salido públicamente a defender el Estado democrático de derecho que todos los ciudadanos debemos respetar.
Sea cual sea el final de los avatares procesales de don Juan Carlos, cuya presunción de inocencia está siendo despreciada por los mismos políticos que enseguida la reclaman para sí con razón cuando se tercia, lo cierto es que la Corona, primero en la persona del rey emérito y luego en la de Felipe VI (que, como todos los hijos, no es responsable de los errores de sus padres), contribuyó en su momento al asentamiento de la democracia y contribuye hoy a una estabilidad constitucional que desde 1812 jamás logramos disfrutar.
Por eso no es de extrañar que los abiertos enemigos de la una y de la otra se hayan juramentado para acabar con la monarquía. Porque, como en el ajedrez, dar jaque mate al rey es poner fin a la partida que perdieron en 1978 y que tratan ahora de ganar.