Abordar una reforma del sector público asturiano cogiendo el rábano por las hojas puede resultar engañoso y sobre todo estéril, si lo que de verdad se pretende es consolidar una administración pública al servicio de las necesidades de la ciudadanía y contar con unos servicios públicos que respondan prestando unos servicios de calidad que mejoren el bienestar de la gente y con ello la cohesión social en Asturies.
El gobierno asturiano coge el rábano por las hojas cuando por boca de su vicepresidente, ahora al frente de una exótica Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, lanza hacia la opinión pública la idea de que aquí lo que sobra son funcionarios.
Se coge el rábano por las hojas cuando ante la propuesta de Reforma del Sector Público que presenta Podemos Asturies al gobierno de Adrián Barbón, este responde buscando la descalificación argumentando que la propuesta de reducción de altos cargos, directivos y asesores, una de las 15 propuestas de ese documento, ocupa un peso muy pequeño en el conjunto del presupuesto asturiano, obviando así entrar tan siquiera a valorar las 14 propuestas restantes.
Como también se coge el rábano por las hojas cuando se habla públicamente del crecimiento de la administración asturiana desde el año 2013 en 1.663 puestos para afianzar esa idea maquiavélica y de marcada línea neoliberal de que lo público es demasiado grande y gasta mucho, sin entrar al detalle de que este crecimiento vino por el refuerzo que necesitaron en estos últimos años la sanidad asturiana y la atención a mayores, machacadas por los recortes, precisamente los servicios públicos que ahora, tras el sufrimiento de la pandemia del Covid19, la sociedad en su conjunto y la práctica totalidad de los grupos políticos consideran como básicos, situándose como objetivo de consolidación y refuerzo. Estos son los sectores en los que sí hubo crecimiento junto con la educación, en la que se hizo imprescindible corregir la falta de reposición de vacantes entre el profesorado asturiano, algo que atenazó a la educación pública en Asturies con la imposición de los recortes por el gobierno de Mariano Rajoy.
El crecimiento de plantillas públicas asturianas en los últimos años se debe al crecimiento en personal para la sanidad, para la educación y para la atención a mayores, mientras que se redujeron los puestos públicos en el resto de sectores, excepto en Altos Cargos o Directivos, que aumentaron un 60% en los últimos 7 años.
En el año 2020, el Principado de Asturias, Consejerías, Organismos y Entes Autónomos, cuentan con una plantilla global de 36.604 personas, de las que más de 26.000 trabajan en nuestra sanidad, en nuestra educación y en la atención a las personas mayores.
Es precisamente en estos sectores, personal sanitario y personal docente, muy mermados por los recortes impuestos desde 2008 que hubo que corregir en los últimos años con la progresiva salida de la crisis, donde se centró el crecimiento de efectivos públicos en la última década. En estos y entre el personal del ERA, cuyas plantillas se habían llevado al límite mientras la presión demográfica asturiana crecía, con el más alto de los índices de personas mayores del país en una sociedad muy envejecida, forzando la apertura de más residencias para la atención a estas personas, en muchos casos, dependientes.
El resto de estructuras administrativas públicas, en términos generales, sufrieron una reducción significativa de puestos de trabajo o en el mejor de los casos una congelación de plantillas, un progresivo y lento ERE al que los sucesivos gobiernos asturianos vienen sometiendo a la administración pública, amortizando vacantes de manera continuada, pese a no haber bajado la carga de trabajo, con lo que paulatinamente se ha ido empeorando la prestación de esos servicios públicos en muchos sectores y propiciando la privatización de los mismos sin que estas privatizaciones hayan mejorado esos servicios ni tampoco hayan ahorrado costes para las arcas públicas.
Y aquí hablamos de servicios como los de Empleo, los de la Justicia, los Servicios de Emergencia. la atención al Medio Rural, los Tributos, el control y mantenimiento de las vías públicas, el cuidado y protección del Medio Ambiente, la tramitación del Salario Social o de la Dependencia, , la atención a la Infancia, a la Juventud o a las personas con discapacidad, servicios todos ellos cuya gestión afecta directamente a la ciudadanía asturiana y a la sociedad, que requieren también unas plantillas dignas y suficientes, porque sin ellas es imposible prestar un buen servicio público.
Lo que sí hubo cuando se contempla la evolución del sector público asturiano desde el año 2013, fue un fuerte crecimiento en Altos Cargos, Contratos de Alta Dirección, Personal Eventual y Directivos, pasando de 171 en aquel año a 286 en la actualidad, un crecimiento espectacular, que, aunque tenga poco peso presupuestario, es muy indicativo de la configuración de la administración pública por la que vienen apuntando los gobiernos de los últimos presidentes asturianos.
El gobierno continuado durante 40 años de la FSA ha configurado una administración asturiana altamente clientelar, muy dependiente del poder político, en el que las estructuras se configuraban en función de las personas que se quería que estuvieran en los puestos más que en función de las necesidades organizativas y operativas de los distintos departamentos.
En la administración asturiana, cuando alguien obtenía un puesto de trabajo mediante un procedimiento objetivo sin contar con padrinazgo político, los responsables políticos modificaban las Relaciones de Puestos de Trabajo para mantener a quien ellos querían tener bajo su mando, neutralizando a aquel personal que no actuaba a su gusto.
Cuando lo que se quería era que estuviera alguien en un puesto, se cambiaban las condiciones de acceso al mismo en la relación de puestos para allanarle el camino evitar que pudiera contar con oposición alguna.
Cuando los tribunales de justicia anularon por ilegal el nombramiento indiscriminado en Asturies de funcionarios por libre designación, algo que diez años después todavía colea, los responsables políticos crearon una nueva red de puestos de coordinadores, asesores o analistas para seguir manteniendo los nombramientos a dedo y así asegurarse un férreo control político de los cuadros de mando en la administración asturiana. Nuevas sentencias judiciales volvieron a tumbar este intento de burlar la ley.
Todo esto lo conoce bien el vicepresidente Juan Cofiño, porque durante muchos años porque formó parte de esas estructuras de mando político en la administración asturiana. Habrá que confiar en que tras los mensajes de reestructuración y modernización, también haya propósito de enmienda.
La FSA propició durante décadas una estructura administrativa de pirámide invertida, con muchos mandos y pocos soldados, con una red de nombramientos a dedo en los puestos de alta y media gestión para asegurar lealtad política por encima de la independencia y la profesionalidad de los empleados y empleadas públicas.
Es pues imprescindible, sin duda alguna, abordar una reestructuración de la administración asturiana bajo los parámetros de la profesionalidad, la independencia, la objetividad, la eficiencia y la consolidación de los servicios públicos asturianos, modernizando el funcionamiento, adaptando a las necesidades, renovando estructuras y adecuando lo público a la nueva realidad de una Asturies a las puertas de la tercera década del siglo XXI.
Pero no se puede abordar una reforma del sector público asturiano sin entrar a evaluar la eficiencia del entramado paralelo creado desde los sucesivos gobiernos, tampoco sin valorar la eficiencia de las externalizaciones de servicios públicos.
Porque el Sector Público no comprende solamente a la administración, también son sector público el conjunto de entes, entidades, fundaciones, organismos, consorcios o empresas que prestando de manera delegada y con una gestión privada servicios que pudieran corresponder a la administración, se financian con fondos públicos, con cargo al Presupuesto General del Principado de Asturias.
A las puertas de la tercera década del siglo XXI, es hora de superar la etapa abierta con la aún hoy vigente Ley de Ordenación de la Función Pública asturiana de 1985, de renovar, reestructurar y modernizar el sector público asturiano, de adaptar la administración a las necesidades de la sociedad que hoy tenemos en una Asturies que ha perdido mucho peso en estas últimas décadas, pero que sin duda, debe aprovechar cualquiera de las muchas potencialidades con las que cuenta.
Para ello, sin duda que jugará un papel imprescindible el sector público asturiano, como elemento fundamental de cohesión social que dignifique la vida de los asturianos y asturianas.
Esta es la tarea.