Existe un índice llamado Democracy Index, confeccionado por la reputada publicación The Economist, que refleja la calidad democrática de los estados. No voy a entrar en cuestiones metodológicas, pero básicamente usa una batería de indicadores para elaborar una clasificación según las características de cada sistema: procesos electorales, participación, cultura política de la ciudadanía, presencia de derechos fundamentales, funcionalidad del gobierno, etcétera. España se encuentra actualmente en el puesto 18, a la cola del grupo llamado Democracia Plena y solo tres puestos por encima del corte con respecto al segundo eslabón, el de las Democracias Imperfectas.
Sin embargo, quien realiza la peor valoración es la propia población española, que cuestiona permanentemente la legitimidad de su sistema, puesto bajo la lupa de forma casi obsesiva: clase política, monarquía, debate territorial, libertad de expresión, Guardia Civil, sistema judicial... nada se salva. Desde hace algún tiempo se han incrementado la polarización y la intransigencia hasta el punto de que la palabra que ha ganado más capacidad definitoria sobre nuestra vida política es crispación. El maravilloso (por mayoritario) acuerdo constitucional de la Transición se ha ido difuminando progresivamente y en la actualidad la tendencia predominante es plantarse en determinados postulados ideológicos usando cualquier argumento para deslegitimar el sistema, culpando de los males de la sociedad a los vecinos que piensan diferente. Mensajes populistas han calado en la población y se avanza hacia un pesudoguerracivilismo que se manifiesta en un incremento progresivo de odio, insultos, agresiones y, por consecuencia, malestar general institucionalizado.
Escenario preocupante este. ¿Qué podríamos hacer entonces para mejorar nuestra calidad democrática y por lo tanto la legitimación de nuestro sistema? Educación, participación y respeto.
Puede que sea por deformación académica, pero echo en falta un mayor acercamiento a cuestiones sociales y políticas en nuestro sistema educativo. La educación básica debería asegurar que cualquier joven pueda conocer mínimamente y de forma objetiva nuestra historia política contemporánea (en especial de la Península Ibérica) y sobre todo algunos conceptos clave del ordenamiento social, económico e ideológico: el neoliberalismo, la socialdemocracia, el progresismo, los nacionalismos... de forma que, cuando les llegue el momento de ejercer su derecho al voto por primera vez, nuestros jóvenes puedan tomar sus propias decisiones con fundamento, apartados de sentimientos viscerales. No habría mayor avance social.
En segundo lugar está la participación. Contra lo que algunos piensan, un referendo no implica inestabilidad, de hecho hay instrumentos como las mayorías cualificadas (dos tercios) para garantizar que solo se producirán cambios estructurales si hay un acuerdo irrefutable en favor de los mismos, asegurando que la pronunciación de la población sobre un tema concreto no influirá negativamente en la estabilidad del desarrollo social y económico. Nadie debería tener miedo a los referendos porque no hay mejor forma de legitimar instituciones, sea la monarquía, sea la pertenencia de Cataluña al Estado español, o sea la independencia de la Sionlla. Si hay democracia se debe escuchar al pueblo, y, saliéndose de pírricas victorias de 51-49, si el pueblo decide por mayoría aplastante que algo tiene que cambiar, que así sea. Si por el contrario el resultado es favorable al mantenimiento del statu quo, la institución cuestionada quedará legitimada de forma incontestable. Se me ocurren varios temas en España que precisarían aire fresco.
Y para finalizar llegamos a lo más importante, que no por obvio debe ser obviado: el respeto a las personas. Siento si alguien se siente aludido, pero me entristece ver escenas que últimamente se repiten con demasiada frecuencia: escraches en casas de políticos donde viven sus familias, gente reventando mítines o discursos, agresiones, pedradas, propuestas de ilegalización de partidos, cordones sanitarios... La propia clase política ha institucionalizado el discurso del odio, de los valores absolutos y de la superioridad moral. Sean cuales sean los ideales siempre hay quien los considera axiomas incuestionables. Sin embargo, lo que en realidad camufla este fenómeno es una sociedad con defecto de consideración hacia las opiniones divergentes, lo que no hace más que reforzar la evidencia que señalan los indicadores mencionados al inicio: necesidad de mejora.
¿Por qué no empezamos por tener mayor fe en los valores democráticos que tanto defendemos? ¿Por qué una organización no puede exponer libre y pacíficamente sus ideas aunque se llame Vox o Bildu? ¿Es esta la democracia que queremos?
Haremos de la moderación una virtud, ya hay quien se ha dado cuenta. Otros aún necesitan más tiempo.