El juancarlismo ha muerto. Nadie puede dudar a estas alturas que la monarquía borbónica en España está tocada en su credibilidad. Ningún proceso de transición de la dictadura a la democracia deja todos los problemas resueltos. La fórmula de gobierno del Estado español es una de ellas.

A la muerte del dictador el proceso de transición democrática era considerado «inevitable» por el propio régimen. La gran cuestión era: ¿democracia sí, pero cómo? La decisión sobre la forma del Estado había sido orientada de manera clara durante toda la dictadura, pero se traspasa incluso en los primeros pasos democráticos, hasta el punto de que se impide en las primeras elecciones generales de 1977 la presentación de organizaciones políticas que no asumieran la monarquía como forma de Estado. Tras unos primeros años de enorme incertidumbre, el juancarlismo fue la solución que consolidó definitivamente a un primer «Juan Carlos I el Breve» tras los hechos del 23-F de 1981. Con él, a la monarquía.

Ha sido un largo camino de cuarenta y cinco años, con muchas preguntas y pocas respuestas, que una vez más nos indica que debemos superar esa eterna losa de más de ochenta años que sigue a identificar sistema republicano de gobierno con guerra civil. Democracia con violencia. Aquella democracia de los años treinta no conllevaba de manera irremediable la ruptura ciudadana. La historia de este país es compleja, como todas, y la sociedad no puede quedarse en un simple y maniqueo análisis entre monarquía o república sin analizar sus contenidos. Su pasado es mucho más rico e interesante que una historia presentada como cara o cruz'.

Lo que se ha denominado como «exilio» desde los primeros momentos por los medios de comunicación admite pocas comparaciones históricas. Porque no ha sido un «exilio político» con un monarca en el ejercicio de su poder como los anteriores. Ha sido más bien un «exilio ciudadano» por temas de corrupción que salpican y relaciona entre sí a buena parte de la élite política de los años ochenta y noventa. La diferencia es sustancial. No se desmorona el régimen vigente con su marcha, como sí había sucedido en las dos anteriores repúblicas de 1873 y 1931, aunque sí es cierto que esta última década ha dejado muy tocadas piezas claves del engranaje institucional del 78.

Un cambio consistente hacia la fórmula de gobierno republicano solo se conseguirá con un mensaje propositivo. No excluyente, inclusivo. Con contenidos sólidos cimentados progresivamente desarrollando los conceptos de ciudadanía. Un mensaje de ilusión, un nuevo discurso que convenza no a los creyentes, sino a los indiferentes. Una esperanza creíble y sólida en estos años en los que parece que todo cambia de manera acelerada a nuestro alrededor y nuevas generaciones demandan su protagonismo.

En mi opinión, mucho más importante que la mera salida de Juan Carlos es que la motivación de su marcha ha demostrado la existencia de una sociedad plenamente modernizada y democrática que no puede, que no entiende, cómo instituciones basadas en el prestigio y honor familiar defraudan al propio Estado que dicen representar. Juan Carlos se marcha no solo por la necesidad de un cambio de imagen de la familia real tras una década negra, sino sobre todo porque su rol no es asumible en esta sociedad del 2020. Una sociedad moderna y dinámica, radicalmente distinta de la de 1975, que reclama a gritos cambios en el sistema que ajusten la realidad institucional cuatro décadas después de 1978. Más allá de planteamientos catastrofistas y de llamadas al miedo ha sido la conciencia democrática ciudadana de este país la que lo ha empujado hacia este desenlace. Nadie más. Y nada menos.

Por Emilio Grandío Profesor titular de Historia Contemporánea de la USC

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