Con motivo de la incorporación de los centros escolares a la nueva normalidad y derivada del cumplimiento de la misma para el nuevo curso 2020-2021, los colegios tendrán que incrementar personal de limpieza; hacer obras de adaptación de espacios docentes; adquirir mobiliario individual; aprovisionarse de Equipos de Protección Individual (EPI) para su personal; dotarse de más equipos informáticos y hasta contratar más personal docente, en función de las distancias interpersonales y de las medidas de seguridad impuestas por el covid-19, todo ello en los niveles y cursos que sea necesario.
Inexplicablemente, la comisión de reconstrucción nacional constituida por el Gobierno central para atender la grave situación económica originada por el covid-19 excluye de su previsión de fondos a las escuelas concertadas.
No recuerdan la libertad que tienen los padres para elegir centro escolar para sus hijos, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución, ni la obligatoriedad de las administraciones públicas para responsabilizarse del sostenimiento económico de estos centros, que está en peligro.
En los colegios de iniciativa social (conocidos popularmente como concertados) la Administración paga directamente al personal docente y envía al centro una partida denominada «otros gastos» con la que se paga al Personal de Administración y Servicios, se abonan gastos de energía, servicios externos (equipamiento y reparaciones), aulas, talleres, laboratorios, etcétera, y aquellas adaptaciones fruto del cumplimiento de actualizaciones legislativas: protección de datos, seguridad y salud laboral... Cabe explicar que esta partida se valora y aprueba todos los años por parte de los responsables de administración del centro y representantes de su consejo escolar, para después ser remitida a la administración educativa competente.
A pesar de crecer anualmente en función del IPC, esa partida se desfasa cada vez más. En los últimos años exponencialmente, debido al proceso de digitalización de la escuela, para la que inexplicablemente no ha habido ayudas a pesar de su elevado coste y gran importancia. Este año sigue sin haber partida presupuestaria para atender el coste de la digitalización de la enseñanza. Resulta incomprensible. Como también lo es la exclusión de la enseñanza concertada de las ayudas para adaptar las instalaciones y los centros a raíz del covid-19.
La comisión de reconstrucción debe recordar que, al dejar al margen de sus presupuestos a los centros concertados, excluye a un colectivo superior a dos millones de alumnos y más de doscientos mil profesores, así como al personal de administración y servicios de los colegios, y a las familias correspondientes. Si, además, la partida que proviene de fondos europeos es obtenida del montante de alumnos nacional, el vetar el acceso a estas ayudas a los estudiantes de centros concertados es una injusticia desmedida y una clara discriminación.
Una vez más la comunidad que conforman alumnos, padres, profesores y personal de la escuela concertada se verá discriminada, salvo que el Gobierno central repase las cuentas y rectifique. Esperamos que la cordura se imponga y el reparto se haga sin discriminaciones, respetando la libertad de elegir que fija la Constitución.