Los ayuntamientos -no todos- tienen inmovilizados en los bancos unos 14.000 millones de euros. No pueden gastarlos, porque lo prohíbe la ley de estabilidad presupuestaria, también llamada ley Montoro. El Gobierno ha buscado una fórmula, plasmada en forma de decreto ley y aceptada por una FEMP dividida -gracias al voto de calidad de su presidente, Abel Caballero-, para liberar esos recursos. Algunos alcaldes han puesto el grito en el cielo e incluso denuncian una supuesta confiscación de sus ahorros. Y varios partidos, con el PP de abanderado, amenazan con tumbar en el Congreso el decreto ley de la discordia. Intentemos clarificar el enrevesado asunto, con el único propósito de que el lector pueda formarse su juicio.
Antecedentes. Para avanzar en la consolidación fiscal, Montoro colocó un yugo a los concellos. Les impidió por ley gastar sus superávit, salvo si lo utilizaban para amortizar deuda. Como consecuencia, muchas corporaciones locales generaron cuantiosos remanentes que permanecen bloqueados en los bancos.
Aberración. La pandemia y el desplome económico han generado una colosal necesidad de liquidez en las administraciones públicas. Todas buscan dinero con avidez, ya sea en Bruselas o en los mercados. En esa tesitura, mantener ociosos 14.000 millones de euros supone una irresponsabilidad y una aberración que atenta contra el más elemental sentido común. El problema reside en que el acceso y uso de ese dinero está bloqueado por una ley orgánica. Y para remover esa enorme losa se necesitan 175 diputados, buena voluntad para forjar la necesaria mayoría reforzada y tiempo -dilatada tramitación parlamentaria- del que carecemos. Una quimera a día de hoy. De hecho, ninguna fuerza política ha sugerido ni por asomo una modificación urgente de la ley de estabilidad presupuestaria.
La fórmula. El decreto ley propone que los ayuntamientos le presten a la Administración central sus ahorros. A continuación, el Gobierno les transfiere 5.000 millones de euros a fondo perdido y les reintegra el resto del préstamo en un plazo de diez o quince años. Recalquemos la voluntariedad de esos préstamos. El concello que se niegue a ceder sus remanentes, se queda como está: con sus fondos congelados y esterilizados en la cámara acorazada del banco.
¿Por qué, si la cesión de remanentes es voluntaria, muchos ayuntamientos la rechazan? Hay entre estos dos tipos de opositores. Los que tienen ahorros y no quieren cederlos: exigen que se desbloqueen para gastarlos ya y como les pete. Y los que nada pintan en esta función, porque no poseen remanentes: estos se limitan a reclamar dinero que no tienen y que el Estado lo busque donde quiera o pueda.
El resto solo es política de baja estofa. La que utiliza palabras gruesas, como incautación de fondos municipales, para ocultar su finalidad última: que el Gobierno muerda el polvo. Aunque sea a costa de perpetuar una situación esperpéntica: la de un país que se endeuda para socorrer a unos concellos cuyos ahorros se pudren bajo la almohada.