Agota hablar de la señora Ayuso y de su continua irresponsabilidad ante el desafío de la segunda ola (en palabras de Illa ya se está actuando tarde en Madrid). Lo peor de todo es que esta señora deja a las instituciones y a la política en general en una situación muy difícil, puesto que ya no se puede decir que no se escucha o no se dialoga, sino que directamente se niega a cumplir incluso lo que pacta (que dicho sea de paso, veo incomprensible que una única autonomía tenga que decidir lo que hay que hacer en el resto del país). Las continuas peticiones de consenso y de lucha conjunta contra la pandemia se esfuman con personas que no anteponen la salud de la ciudadanía y que solamente buscan el ‘cuanto peor mejor’ que decía Rajoy. El vicepresidente Aguado se lava las manos (y muy bien con los dispensadores en el Metro) intentando mantenerse entre dos aguas pero a mi juicio es tan irresponsable como Ayuso si en sus fobias electorales le impiden unirse a la izquierda madrileña para que triunfe la moción de censura.

Mientras tanto, el líder del PP tuvo el cuajo de pedir al ministro de Sanidad una cosa y la contraria en una misma entrevista con Carlos Alsina. Primero le pidió los mismos criterios en toda España a la hora de recomendar confinamientos y momentos después le exigió un trato distinto para la Comunidad de Madrid. Asombroso, digno de una persona preparada y con un master muy trabajado por su parte, que le ha permitido aprender que los españoles votamos a Felipe VI, pero no a Pablo Iglesias y a Alberto Garzón. Además de demostrar su profunda ignorancia sin despeinarse deja clara su irresponsabilidad en situar al PP en el continuo enfrentamiento con el Gobierno legítimo, legal y constitucional de España. Hay que reírse para no llorar, de verdad, pero con argumentos inteligibles como ocurrió con la comparecencia del consejero andaluz, Jesús Aguirre, sobre nuevas recomendaciones a las familias, a veces hay que morderse la lengua para no excederse más de lo debido.

Donde tampoco está la cosa para tirar cohetes es en Cataluña, que tras la esperable inhabilitación de Torra el Govern pasa a manos de Pere Aragonés de forma interina hasta que se celebren las elecciones, cuyo plazo legal expira a finales de enero del año que viene. El nacionalismo catalán acusa irresponsablemente al Estado español de no respetar la libertad de expresión, cuando lo cierto es que las instituciones han de ser neutrales (y más en campaña electoral) y por tanto las normas son para todos igual (y si no gustan siempre que entren dentro del campo de juego democrático se pueden cambiar, pero nadie puede estar por encima de la ley y menos los representantes de la ciudadanía). Y si hablamos del Poder Judicial, que sigue en funciones (criticado esta semana desde instituciones europeas) en una nueva muestra de irresponsabilidad por el bloque de derechas (que se niega a su renovación), vemos que no ha habido obstáculo ninguno para que se hayan hecho nombramientos de altos cargos de la magistratura. Ojalá hubiésemos salido mejores tal y como pensábamos al principio del Estado de Alarma.

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