Hace años el Vaticano decidió que el limbo no existe. Pero no es cierto. Está aquí. Ahora. A diario se juega con las vidas de los ciudadanos en todos los sentidos: en el sanitario y en el de la rutina diaria. Muchos ya no saben a qué atenerse cuando quieren visitar a la familia, planean ir de compras al municipio de al lado o se animan a tomarse un cortado en cualquier cafetería. En estos momentos de incertidumbre infinita, los políticos no ofrecen ni un palmo de tierra firme. Solo arenas movedizas. La batalla es otra, pero están en las mismas guerras de hace meses. Las restricciones buenas son las suyas. Las de los otros son sesgadas, no tienen en cuenta criterios técnicos, y solo buscan fines políticos. Y vamos a salto de BOE, orden ministerial, nota de prensa, sentencia y DOG. A estas alturas de contagios, muertes, secuelas, facturas morales y deudas económicas, al menos tendría que haber cierto callo de gestión. Pero no. El Gobierno central no ha tenido tiempo para fijar unas pautas sin fisuras y consensuadas para cerrar áreas en situación crítica. Esperó a que el virus le llegara a Madrid al cuello. Tampoco inició una reforma legal que blindara las restricciones ni tuvo el arresto de aplicar de nuevo el estado de alarma. Ayuso aprovecha para cerrar los ojos. Los tribunales los abren. Y ven, efectivamente, el limbo.