En toda depresión económica y social, y en esta crisis múltiple esa faceta cada vez obtendrá más atención, las miradas de la población se vuelven mayoritariamente hacia los representantes públicos, no solo para comprobar su capacidad de reacción o para alentarla, sino también para afilar la crítica, en el deseo de buscar salidas rápidas y en el ánimo de reemplazar de manera expeditiva lo que se considere defectuoso o parte del problema. La Gran Recesión de 2008-2013 ya fue fecunda en esta práctica, cuestionando las propias bases del sistema, amortizando rápidamente carreras políticas, despertando un discurso social sostenido en cierta inquina, minando la confianza en las instituciones, permitiendo el surgimiento y deterioro prematuro de nuevas opciones y dando alas a populismos y nacionalismos. Aquella dinámica, más perniciosa que vivificante y en parte inevitable, aún dejaba sentirse en el esquema de relación entre los actores políticos y entre representantes y representados, cuando la irrupción de la pandemia y el desastre socioeconómico que emerge con fuerza han volteado violentamente el tablero. Mientras la dimensión de este cambio todavía no se puede determinar, puesto que aún estamos metidos de lleno en él, ya se busca la válvula de escape de la frustración y el dolor, que corre a raudales. Sea porque la onda autoritaria, con sus distintas manifestaciones (también presentes en la política mainstream) crezca con la de la pandemia, sea porque en algún momento cristalice y desborde una alternativa al modelo actual de respuesta a esta crisis, sentiremos pronto crujir todo el edificio del sistema y los propios pilares de la convivencia.
En este contexto endiablado lo menos que necesitamos de los responsables públicos es que, lejos de hincar los talones en la arena para no dejarse arrastrar por los impulsos, abunden en el fanatismo creciente, pensando en la supervivencia del proyecto personal y en la movilización tribal. Antes de este shock, ya asistíamos a la consolidación de la post-política, es decir, la consideración del proceso político como un juego de agitación electoral permanente donde el discurso rupturista y la demonización del adversario no se compadecían con cambios sustanciales, por lo común ausentes, limitándose a envenenar la convivencia sin preocuparse por conformar alternativas ni ocuparse mucho, siquiera, de la propia gestión de lo público. Ahora, lo que está en vilo es la propia supervivencia del espacio compartido y los bienes comunes, la capacidad de vivir juntos, el mantenimiento de estándares materiales básicos (pues el modelo productivo está bajo amenaza severa de quiebra) o la noción más elemental de seguridad (pues no nos fiamos ni del aire que respiramos detrás de la mascarilla ni tenemos garantizada la sostenibilidad ambiental en el futuro inmediato). Pese a ello, en lugar de replantearse la dinámica política y los mensajes que se proyectan a una sociedad acorralada, todavía prima la orientación sectaria, el deterioro de la esencia democrática (denostando el valor del respeto mutuo y de la pluralidad) agostada en un cascarón normativo aparente, poniendo en riesgo, además, la propia eficacia del poder público y la habilidad para el gobierno viable (la “capacidad del Estado” de la que habla Claus Offe, como uno de los sustentos de la democracia liberal).
Este proceso de deterioro vive en los debates públicos de estos días episodios que lo ejemplifican bien. La previsible hiperteatralización parlamentaria en la moción de censura de Vox, que permite la profundización de las brechas de la manera más descarnada, es una buena muestra, perfectamente esperable del nacional-populismo más primario. Pero también lo es el espectáculo poco edificante, por decirlo amablemente, que protagonizan las fuerzas que respaldan al Gobierno y el propio Partido Popular, al calor del debate sobre la renovación el Consejo General del Poder Judicial. Al bloqueo filibustero y la intolerancia del PP (vetando la participación en la negociación de Podemos, fuerza a la que simplemente se limitan a criminalizar) se le ha opuesto por las fuerzas favorables al Gobierno una Proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial muy desafortunada, dirigida a sustituir la mayoría cualificada de 3/5 por la mayoría absoluta para la elección de los vocales del turno judicial. La Proposición rompe el dique determinante para que la elección del Consejo no sea producto del eslogan «el ganador lo lleva todo» y crea una incertidumbre innecesaria y molesta sobre la independencia del poder judicial futuro, porque esa nueva regla de mayoría podrá ser usada por unos o por otros, claro, y de manera no precisamente sensible y cuidadosa. Aunque es perfectamente posible, y así se ha declarado abiertamente, que la Proposición de Ley no tenga más pretensión que ser una palanca de desbloqueo de la negociación, hay cosas con las que mejor no jugar y la separación de poderes es una de ellas.
En los próximos meses vamos a asistir a un previsible descrédito de la política que posiblemente no traiga regeneración sino una oleada más acusada de populismo y demagogia, que es también contagiosa y no es necesariamente patrimonio de las fuerzas emergentes. Lo que queremos de los responsables públicos, no es que, en su mundo paralelo y desprovisto de los temores del común, acentúen esa tendencia para tratar de situarse en cabeza y recoger frutos demoscópicos o electorales en medio del desquicie colectivo. Necesitamos que sientan, como lo sentimos todos, el suelo temblando bajo los pies.