Personal sanitario, plantillas de supermercados o transportistas fueron, entre otras, algunas de las personas cuya actividad no se detuvo durante el estado de alarma provocado por la pandemia del covid-19. Y además, la abogacía del turno de oficio, uno de esos colectivos declarados esenciales que se mantuvieron en sus puestos desarrollando su profesión, que garantiza uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía: el acceso a la justicia de todas las personas.
En uno de los momentos más complicados que todos recordamos, miles de abogados de toda España estuvieron al pie del cañón y expusieron sus vidas ante el coronavirus con los medios disponibles que, en muchas ocasiones, fueron demasiado escasos. Nunca se lo agradeceremos lo suficiente.
En este escenario, Francisco Javier Lara Peláez, decano del Colegio de Abogados de Málaga hasta la celebración de las elecciones en esta institución colegial hace unas semanas, se vio en la obligación de suspender las actividades del turno de oficio en Málaga ante la ausencia de garantías de seguridad para los abogados que integran este servicio en la ciudad andaluza. Previamente a esta medida, solicitó que se prestase el servicio por videoconferencia, como ya se estaba haciendo en muchos lugares de España, y no se accedió a ello. Meses después de esta decisión ha recibido una citación judicial para comparecer como investigado por un presunto delito de desobediencia. ¿Ahora resulta que exigir cumplir una normativa es desobedecer? Porque lo único que pidió nuestro compañero Lara Peláez fue reclamar el cumplimiento de la normativa de protección frente al covid-19.
Si pedir unas medidas de seguridad mínimas para garantizar la salud de la abogacía del turno de oficio es un delito de desobediencia, yo también habría incurrido en ese mismo delito. Porque ante una situación de peligro para la vida de mis compañeras y compañeros, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de A Coruña que represento habría tomado esta misma decisión. Si ya de por sí el turno de oficio es una actividad mal pagada, en la que no se valora justamente la labor que realiza la abogacía, ¿además vamos a lanzarles a una jaula de leones para que se jueguen la vida sin medios? Quien considere que esto es delito, que exponga su vida como quisieron hacer con nuestros compañeros malagueños. Gracias, Francisco Javier, por salir en su defensa.