La enseñanza, la pandemia y las leyes


Uno de los escasos efectos positivos de la epidemia que padecemos es que la sociedad parece haber reconocido de manera unánime la importancia de las mujeres y los hombres que se dedican a la enseñanza, esperemos que no se disipe con las vacunas.

Las elucubraciones sobre la posibilidad o incluso utilidad de sustituir a los profesores por máquinas son relativamente antiguas, pero conocieron un notable impulso con la difusión de los ordenadores personales e Internet. La primera vez que escuché tal cosa fue en 1981, en un cursillo para formar a los profesores de la Universidad Popular de Gijón, a punto de abrir sus puertas. Un catedrático de pedagogía de una universidad barcelonesa sostenía que la televisión y los vídeos permitían desarrollar la enseñanza sin la presencia física del docente ni la necesidad de aulas.

Comenzó entonces mi desconfianza hacia los expertos en pedagogía que jamás habían enseñado ninguna materia salvo sus disquisiciones sobre cómo debían hacerlo los demás. Internet y la informática dieron impulso a esas tesis y añadieron la creencia de que adquirir conocimientos se había convertido en tarea inútil cuando era tan fácil preguntarle a Google. Recuerdo a un presidente de autonomía, maestro de profesión, entre sus más entusiastas defensores.

Pronto se hizo evidente que los ordenadores y la red eran meros instrumentos que, como los libros, la pluma y el papel, necesitaban de conocimientos no meramente técnicos para ser utilizados con provecho. Es más, se comprobó que su mal uso podía ser muy perjudicial. No hace falta insistir mucho sobre ello en época de Trump, pero cada vez que inicio una asignatura me veo obligado a inculcar a mis alumnos la desconfianza en la Wikipedia y en la multitud de páginas web mal escritas y cargadas de errores, disparates y manipulaciones que proliferan en la red, especialmente sobre historia; también a hablarles de los beneficios que ofrece la lectura de libros impresos. Es magnífico que puedan acceder con facilidad a revistas científicas, fuentes documentales, libros antiguos gratuitos e incluso modernos a precio más barato, pero tienen que saber diferenciarlos de la basura y, para eso, es necesario el conocimiento, ejercitar la insustituible memoria que nos legó la naturaleza y la orientación de un profesor.

La suspensión de las clases presenciales a causa de la epidemia levantó en pocos meses un verdadero clamor en todo el mundo para que se restableciesen, no pudo haber mayor derrota para los gurús pedagógicos de las aulas virtuales. Los medios materiales son importantes, pero lo que sostiene cualquier sistema educativo es la relación entre profesores y alumnos y lo que más la dificulta son las aulas masificadas. Eso es lo que lastra las últimas reformas universitarias, destinadas a implantar los principios de la declaración de Bolonia. Con 92 alumnos en primer curso y 61 en segundo, es mi caso en la Universidad de León, resulta imposible aplicar métodos participativos, ni siquiera llegar a conocerlos por su nombre.

Si a eso se suma que en España el crédito ECTS se ha equiparado al antiguo de 10 horas de clase, lo que supone un menosprecio de las tareas de tutoría y de evaluación continuada, que exigen muchísimas horas de trabajo, especialmente con grupos de tamaño desmesurado, se puede concluir que, como sucede tantas veces, se ha cambiado el nombre de las cosas y se ha multiplicado la burocracia, pero se han olvidado los supuestos objetivos de la reforma.

Si algo había hecho imprescindible la actual revisión de las enseñanzas no universitarias era la sectaria ley Wert. El escándalo que han organizado los partidos de derechas y la patronal de la enseñanza privada concertada tiene poca justificación. Que la religión fuese una asignatura evaluable cuya calificación influyese en la nota final era digno de un régimen integrista; que se olvidase el origen y justificación de la enseñanza concertada al convertirla en de pago de forma encubierta, un fraude; y el gobierno autoritario de los centros, digno de tiempos dictatoriales. Ni la religión va a desaparecer de la enseñanza pública ni está amenazada la concertada ni tampoco van a ser cerrados los centros de educación especial.

Se repite que la enseñanza concertada es obra de un gobierno socialista, es solo una verdad a medias. Desde que, con las revoluciones liberales, nació el Estado contemporáneo se planteó como objetivo crear un sistema educativo público que garantizase una enseñanza primaria universal y gratuita, al menos para quienes careciesen de recursos, y que la secundaria y la universitaria se caracterizasen por su calidad. Paralelamente, se aseguraba la libertad de crear centros educativos privados, eso sí, bajo el control del sistema público, que incluso poseía el monopolio de la enseñanza universitaria y de los exámenes de la secundaria. El Estado tutelaba, pero no financiaba, la educación privada.

Hubo conflictos sobre la libertad de enseñanza, pero porque gobiernos ultraconservadores quisieron acabar con la de cátedra, hoy reconocida por la Constitución, no porque se identificase con la financiación de los centros privados con dinero público. Con matices, esto fue así hasta la dictadura del general Franco, que, tras haber destrozado el sistema educativo republicano, tuvo que recurrir a la enseñanza privada para garantizar la básica universal y comenzó a subvencionarla, algo en lo que también influían motivos ideológicos con relación a las órdenes religiosas. La actual democracia tuvo que asumir la herencia franquista. El Estado no podía hacerse cargo en exclusiva de la educación primaria y secundaria y el gobierno de Felipe González decidió poner orden en las subvenciones y regular una financiación que garantizase que la privada concertada sería, como la pública, gratuita y permitiese que nadie se quedase sin su correspondiente plaza escolar. Que se exija esa gratuidad es una contrapartida ligada a la financiación.

En todo lo demás hay mucho humo, como en lo de la «lengua vehicular», que no existía antes de 2013 y no cambió nada cuando se estableció. Quizá algo: que el inglés se utilizó cada vez más como «lengua vehicular», más bien el «ingleñol», porque imponer a profesores que no conocían suficientemente esa lengua que la utilizasen para impartir sus clases fue otro de tantos timos educativos.

Le deseo suerte a la nueva ley, aunque lo que de verdad necesita todo el sistema de enseñanza, desde infantil hasta doctorado, son más profesores que permitan tener grupos racionales, de entre 20 y 25 alumnos como máximo, medios suficientes y menos burocracia y palabrería.

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