Sobre los indultos


Los indultos son un instrumento imprescindible para que el Estado gestione con eficacia el Código Penal, y, si dicho instrumento no existiese, habría que inventarlo. La facultad de indultar es propia del Ejecutivo, con todas las cautelas y condiciones legales que convengan, pero sin estar supeditada a plácets externos, porque, dado el proceso de garantías y revisiones que precede a una sentencia firme, convertiría en absurdo un hipotético indulto judicial. Que el Gobierno y los tribunales discrepen en la oportunidad de un indulto, y que el Ejecutivo ejerza, a pesar de todo, su derecho de gracia, jamás debería interpretarse como un conflicto de poderes, como una injerencia en la justicia, o como un desprecio a los tribunales.

La autonomía gubernativa en la concesión de indultos no se refiere solo a los indultos individuales, sino a los generales, porque son muy útiles para la gestión de las políticas penitenciarias, y tienen menos riesgos de subjetividad o interés directo en su concesión. Y por eso lamento que nuestra Constitución haya caído en la tentación de resolver problemas coyunturales mediante la prohibición de los indultos generales, y que eso nos haya convertido en el país con mayor población penal de Europa. Pero nada de lo dicho impide que podamos opinar sobre la oportunidad y la conveniencia de un indulto. Solo significa que el juicio sobre la concesión o no concesión de la gracia es de naturaleza política, y en ese terreno puede ser sancionada -positiva o negativamente- a criterio de los electores, que deben valorar cada indulto como un hecho político, sin entrar en la crítica judicial de la sentencia y de la pena indultada.

Sobre estas premisas digo que, si este Gobierno indulta a los condenados del procés, no pondré en cuestión su competencia, ni la legitimidad de las excarcelaciones, aunque me reservo -es un decir, porque no me voy a reservar nada- mi opinión política sobre este asunto. Y si Sánchez está convencido de que la solución del problema catalán depende de indultar sin complejos -cosa que no haría más que acelerar lo que ya se intuye como una excarcelación disimulada, chapucera y consentida-, debe actuar ya. Y, si este es el caso, le agradeceré que no juegue a engaños ni triquiñuelas que hacen daño -¡esas sí!- a la alta responsabilidad de la justicia.

Pero si ustedes me preguntan si yo, puesto en lugar de Sánchez, optaría por conceder el indulto, les diré que no. Porque no creo que sea esa la solución; ni que estemos hablando de cuestiones intrascendentes.

La justicia es demasiado seria para dejarla solamente en manos de los jueces. Aunque yo, cuando tuve la ingrata posibilidad de pedir un indulto con las cartas marcadas, porque el fiscal del TSXG había adelantado en la prensa su voluntad de hacer un informe favorable -él sabrá por qué-, la consideré una ofensa. Porque mi honradez personal e histórica no dependía de ningún papel, y porque no me parecía serio resolver con un lavado de conciencia la gravedad de un proceso político.

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