Alemania tiene 83 millones de habitantes, casi el doble que España. Sin embargo, a la canciller Angela Merkel le parece que un precio de 590 muertos en un día por el covid es un precio «no aceptable». Hago esta comparación porque nuestro país -insisto, con la mitad de la población- no pagó ese precio un día aislado; lo pagó todos los días de los meses de marzo, abril y mayo de este año 2020. Fueron -lo recordamos muy bien- días de morgues insuficientes para acoger tantos cadáveres. Fueron jornadas en que muchos difuntos tuvieron que esperar casi una semana para recibir sepultura por insuficiencia de los servicios funerarios. Por si alguien lo había olvidado, el Instituto Nacional de Estadística nos refrescó la memoria con los datos que ayer hizo públicos. Es una realidad escalofriante.
A fecha de hoy, después de contar los más de 30.000 fallecidos desde junio hasta el 1 de diciembre, no es arriesgado suponer que el balance final del covid en España, incluso contando con el efecto de las vacunas, se aproximará a las 100.000 muertes. Una catástrofe humana equiparable a un genocidio. Quizá no haya ningún ciudadano que no conozca a alguna persona fallecida. Y es probable que tampoco haya ningún ciudadano que no sepa de alguien que ha tenido que ser enterrado sin un mínimo adiós de sus amistades.
Esta pandemia quedará, por tanto, como una de las grandes pestes que ha sufrido la humanidad. Si no ha sido peor, ha sido por los avances de la medicina, por la calidad de los hospitales, por la información y por el esfuerzo del personal sanitario. La rapidez de los contagios, la superación de las distancias, la universalización de la epidemia y la mortalidad cruel hubieran parecido hace unos siglos un castigo divino. Al mismo tiempo, la imposibilidad de encontrar una vacuna, antes del siglo XIX quizá hubiera provocado la desaparición de la propia humanidad. Creo que no hemos tenido conciencia -y no estoy seguro de que la tengamos ahora-de la seriedad del desafío.
Para el juicio de la historia quedarán las dudas que ahora nos atormentan: si los poderes públicos actuaron con la previsión que el covid exigía, aquí y en el resto del mundo; si la sociedad ha sido responsable como para conjurar el peligro; si hubo errores en el diagnóstico de la propagación del virus y si, en nuestro país, como denuncia Fernando Simón, la capacidad de respuesta resultó perjudicada por la confrontación política. Si así fuese, nuestros líderes habrían contraído una grave responsabilidad.
Cuando se puedan hacer análisis menos apasionados, habrá más perspectiva para el juicio. Hoy nos hemos de quedar con la fría elocuencia de una cifra: en noventa días, 45.684 fallecidos, 508 diarios. Con los datos provisionales hoy disponibles, más de 80.000 desde marzo a noviembre. Pero no tenemos, ay, una Merkel dispuesta a decir que es un precio inaceptable.