Yolanda Díaz es la réplica española del alemán Hubertus Heil. Los dos ocupan las carteras de Trabajo en sus respectivos países, los dos forman parte de la minoría en gobiernos de coalición y los dos abogan por subir el salario mínimo para el 2021. Antes de que me condenen por la herética comparación, anticipo alguna diferencia entre ambos personajes. Él es un socialdemócrata que ocupó la secretaría general del SPD. Ella, si utilizamos el rasero de la derecha, una peligrosa izquierdista. Por eso resulta llamativo que coincidan en la oportunidad de actualizar el salario mínimo. Y sorprendente, digno de mejor causa, el empeño de la vicepresidenta Nadia Calviño en congelarlo.
Quince países europeos ya han aprobado o anunciado subidas del salario mínimo para el año próximo. En Alemania, donde esa figura fue exigida por el SPD para coaligarse con Merkel, subirá un 2,7 %. A pesar de la pandemia, dijo Hubertus Heil, el salario mínimo «no debe quedarse atrás». Una frase que recuerda la reiterada hasta la saciedad por Pedro Sánchez: «No vamos a dejar a nadie atrás».
¿Cómo concuerda la posición de Calviño con esa máxima de su jefe? Malamente. La congelación del SMI dejaría atrás a 1,5 millones de trabajadores. Detrás de los diez millones de pensionistas que cobrarán un 0,9 % más el año próximo. Detrás de los 2,6 millones de funcionarios cuyos salarios crecerán también un mínimo del 0,9 %. Y detrás del resto de los trabajadores, que están pactando subidas superiores al 1,6 %. A los últimos de la cola solo les queda el consuelo de la mejora experimentada en los dos últimos años, al pasar de cobrar 735 euros al mes a los 950 que perciben actualmente.
Los argumentos en contra, los consabidos y los de coyuntura, son ampliamente conocidos. Al subir el salario mínimo aumentan los costes, las empresas despiden trabajadores o contratan menos y el empleo se resiente. A esa tesis, nunca corroborada por la realidad, se le añade ahora una coletilla: los empleos más precarios se concentran en los sectores más vapuleados por la pandemia. Como si el futuro del comercio o de la hostelería dependiese de que el empleado o el camarero cobren nueve euros más al mes. Una subida brusca de los salarios, por encima de la productividad, tiene efectos perversos en el empleo. Eso es cierto, pero hablamos de todos los salarios y no solo ni principalmente del mínimo regulado. Cuando Rajoy congeló el SMI en dos años -2012 y 2014-, muchos criticamos la medida, pero tenía coherencia: lo hizo en un contexto de devaluación salarial generalizada. Europa había optado por la austeridad. Si el propósito de Calviño consiste en contener los costes salariales, lo coherente sería frenar las subidas pactadas en convenio. Volver a la devaluación. No comenzar por quitarle el chocolate al loro más desplumado.
Finalmente, según parece, el salario mínimo no será congelado. Yolanda Díaz se impone a Calviño, interpreta algún medio. Es una manera de verlo: de la misma forma en que Hubertus Heil se impuso a Angela Merkel.