El pasado miércoles, día 16, publiqué en estas páginas un artículo titulado «El fiasco del ingreso mínimo vital». Un lector lo apostilló en la página web: «No es un fiasco, es el timo perfecto». Y una lectora, Rocío de Frutos Madrazo, «funcionaria con un puesto de representación en la Seguridad Social», me hace por correo una importante matización en defensa de su trabajo y el de sus compañeros: no son ellos ni sus oficinas quienes se encargan en exclusiva de la tramitación de los expedientes o solicitudes de ese ingreso. Lo comparten con la empresa Tragsatec, filial de Tragsa, que se encarga de requerir a los solicitantes por vía telemática la documentación precisa para tramitar la prestación. Y ahí está, según mi comunicante, el cuello de botella: solicitudes presentadas en el buzón de Tragsatec recibieron el requerimiento de completar su documentación cinco meses después. Las oficinas de la Seguridad Social solo tardaron un mes en reclamar la misma documentación.
La carta de Rocío de Frutos, lógicamente dolida por haber atribuido una parte del fiasco a nuestra denostada burocracia, me recuerda el libro de Elías Díaz De la maldad estatal y la soberanía popular. ¿Y si resulta que la empresa privada es más lenta y menos eficaz que los servidores públicos? Puede ocurrir y de hecho parece que así ocurrió en este caso. De esta forma se cae uno de los mitos más consolidados: todo lo público es lento e ineficaz. Lo bueno, lo inteligente, lo innovador, está en la iniciativa privada. Y sobre ese mito se privatizaron servicios públicos, se intentó una gestión diferente de los hospitales, incluso se entregó a empresas privadas la seguridad de edificios y otros bienes del patrimonio público.
Y por ese mito, si usted habla con un ministro o un director general de un servicio gestionado privadamente jamás le confesará el fracaso de esa gestión, porque reconocerlo significa que él se equivocó en el encargo y está malgastando el dinero del contribuyente. Y dicho eso, ¿qué clase de oposición tenemos que no efectúa ese control del gasto público? ¿Qué clase de sindicatos nos representan, que se limitan a convocar protestas contra una supuesta privatización de la sanidad incluso cuando se inaugura un hospital público, y no controlan los casos de privatización de servicios, su coste y su eficacia para los ciudadanos?
Sirvan, pues, estas líneas para restaurar el honor y la dignidad a los funcionarios de la Seguridad Social; para denunciar dónde está de verdad una parte de la culpa del fiasco y para lamentar que no se conozca ni una sola exigencia del Gobierno a quienes producen el atasco. Porque recordemos: el ingreso mínimo vital está pensado para resolver mínimamente la vida a 850.000 familias; se presentaron 1,2 millones de solicitudes y este mes de diciembre solo 160.000 familias cobrarán el ingreso mínimo vital.