Si uno pretende evitar que llueva dentro de su casa, tendría que revisar el tejado y cambiar las tejas en mal estado. Y hacerlo cuando hace buen tiempo. Si no queremos sufrir inundaciones desastrosas en la época más lluviosa, deberíamos limpiar los cauces de los ríos. En el verano. Si no queremos sufrir la devastación de incendios pavorosos, deberíamos abrir amplios cortafuegos antes de que las condiciones climatológicas sean las más propicias para el fuego. ¿Se hace todo esto? Habitualmente sí en el primer caso, pero en los otros dos no es, desde luego, la norma. ¿Por qué en unas situaciones sí y en otras no?
El primer ejemplo es un asunto privado, en el sentido de que las consecuencias de que entre la lluvia en la vivienda recaen enteramente en quien vive ahí. Es verdad que esa familia puede haber contratado un seguro a todo riesgo y relajarse así en la prevención, al objeto de evitar los costes que supone. Total, como el seguro servirá para que se reponga la totalidad del daño causado, lo mejor podría ser olvidarse de todo y dormir a pierna suelta. Que, efectivamente, esto pueda ocurrir es lo que los economistas llaman riesgo moral y es, sin duda, un asunto de gran trascendencia en las relaciones económicas. No en vano, la compañía de seguros ya habrá descontado este más que posible comportamiento por parte del asegurado y habrá diseñado unas pólizas de seguro que minimicen dicho riesgo, haciendo recaer en el asegurado las consecuencias de su falta de prevención y cuidado. Compare, si no, el precio de un seguro a todo riesgo para su coche y el de uno con franquicia y verá la diferencia. Esa diferencia monetiza justamente el problema del riesgo moral y está pensada para proporcionar los incentivos correctos a la persona que compra el seguro, en términos del nivel de prevención y cuidado del bien asegurado que debe llevar a la práctica.
Evitar las riadas o los incendios es, sin embargo, un bien público. Aquí, el problema es que no hay forma de hacer contratos de seguros a los agentes en los que, teóricamente, tendría que recaer la prevención para, a través de esos contratos, poder darles los incentivos adecuados que los animen a realizar dichas actividades de prevención. ¿Quiénes serían esos responsables? ¿Los innumerables linderos por donde va pasando el río? ¿Los también innumerables propietarios de las fincas arboladas y/o con maleza? ¿Los gobiernos de los ayuntamientos afectados? ¿El Estado, en general? No parece posible aglutinar las consecuencias del desastre en una persona o un grupo de personas bien definido, lo cual hace difícil modular esa prevención. En resumen, esta acaba por ser mínima o inexistente.
La salud pública o, lo que es lo mismo, la prevención de la salud de la sociedad, es también un asunto público. Como tal, comparte características de las inundaciones o los incendios. Por ello la prevención sanitaria es la parte olvidada de los cuidados de salud y todos los esfuerzos se concentran en la curación.