Donald Trump solo ha estado cuatro años en la presidencia de Estados Unidos, los ciudadanos han podido evaluar su gestión y la mayoría ha decidido no reelegirlo, y ahora podrá ser procesado por los posibles que delitos que haya cometido tanto durante su mandato como en su actividad privada. Esa es una de las importantes diferencias entre una república y una monarquía.
Como escribo en la España de comienzos del siglo XXI, debo aclarar algo evidente: no estoy comparando a Juan Carlos de Borbón con el pronto expresidente norteamericano sino sus situaciones. El conocimiento de las numerosas trapacerías atribuidas al monarca español, algunas todavía presuntas, otras ya confirmadas y reconocidas, planteó inevitablemente el debate sobre la institución, que se desarrolló muy a la española: pocos argumentos serios y mucho vocerío y dramatismo impostado. En mi opinión, solo se esgrimieron dos motivos de peso para conservarla, que, expuestos en términos coloquiales, pueden resumirse en «es lo que hay» y «no está el horno para bollos».
Son de peso, sin duda. La monarquía constitucional es el sistema político existente en España y sustituirlo por una república exigiría un amplio consenso y una difícil y larga reforma de la Constitución. Solo una violación manifiesta de la misma por parte del rey podría conducir al fin de la monarquía prescindiendo de los requisitos constitucionales, como sucedió en España en 1931, en Grecia más recientemente y quizá pronto en Tailandia. El segundo motivo no afecta únicamente al procedimiento, sino al propio debate. Es evidente que a la mayoría le importan más la epidemia y la crisis económica que la jefatura del estado y el régimen, que, por imperfecto que se lo pueda considerar, no deja de ser una democracia bastante garantista que permite vivir con libertad y seguridad.
Ahora bien, que sean de entidad no supone que sirvan para establecer la bondad de la monarquía frente a la república. Sobre ese asunto se han sostenido necedades como que en Europa hay otras siete monarquías democráticas y con alto nivel de vida, sí y también repúblicas como Alemania, Francia, Suiza, Finlandia o Austria con las mismas características. Las monarquías son anacronismos residuales. En el mundo hay 194 estados independientes, de ellos solo 43 conservan regímenes monárquicos y eso incluyendo a los 14 de la Commonwealth, que comparten monarca con el Reino Unido con un carácter bastante formal. Hay monarquías en países extremadamente pobres, como Lesoto o Suazilandia, y, al menos, 14 no son democráticas, algunas son verdaderas tiranías. De rango parecido son afirmaciones como que una república puede llevar a Trump al poder, sí y también quitárselo si es una democracia sólida. Chocan especialmente en el país de Fernando VII, Isabel II o Alfonso XIII.
La verdadera comparación debe establecerse entre democracias con el mismo nivel de riqueza o desarrollo y no se atisba qué ventaja tiene en ese caso que la primera magistratura del Estado sea hereditaria y vitalicia, ni cómo eso puede ser más democrático que su carácter electivo y temporal y que su labor sea periódicamente examinada por los electores.
Se ha alegado también que el fin de la monarquía implicaría el de la nación española, lo más sorprendente es que quienes sostienen ese argumento parecen creer que dicha nación existe. Sería un caso único en la historia, salvo que la España actual sea como el imperio austrohúngaro, algo con lo que concordaría sin duda el señor Puigdemont, por ejemplo, pero extraña oír en boca de los dirigentes de Vox, el PP o Ciudadanos.
Si la monarquía se cuestiona ahora no es debido a una conspiración de populistas antisistema sino a que el comportamiento del rey anterior y su probable impunidad lo justifican. Si el debate se plantease en términos políticos racionales y no emotivos o amenazadores, poca duda habría de que la república no tardaría demasiado en establecerse. De todas formas, si algo favorece a la monarquía es la escasez de republicanos y, sobre todo, que carezcan de una estrategia eficaz para difundir su propuesta.
Que haya pocos republicanos no supone que sean muchos los monárquicos, pero, como señalé con anterioridad, la mayoría tiene problemas más inmediatos. Los republicanos deberían ser conscientes de su debilidad y, si realmente quieren sacar adelante sus ideas, recordar que la república llegó en 1873 gracias al acuerdo de un amplio abanico político que iba de liberales accidentalitas a republicanos federales socializantes y aun así tenía apoyo minoritario, aparte de que las divisiones sectarias de sus promotores la hicieran inviable. En 1931 el espectro político y el apoyo social eran mucho mayores, abarcaban desde católicos socialmente conservadores, como Alcalá Zamora o Miguel Maura, a republicanos laicos liberales, nacionalistas catalanes, vascos y gallegos y la izquierda socialista. Si no se consolidó entonces fue por razones más complejas que, por supuesto, incluyen errores políticos de unos y de otros y un contexto internacional especialmente adverso, factores que influyeron en que se produjese el golpe de estado de 1936, que no fuese abortado a tiempo y que provocase una guerra civil.
La última vez que asistí a la celebración de un 14 de abril en León la manifestación, de unas decenas de participantes, fue protagonizada por jóvenes que portaban banderas tricolores con la estrella roja en el centro, gritaban que la república sería socialista o no sería y terminaron cantando la Internacional frente a la catedral. Era un día festivo y el público numeroso. En la conservadora capital leonesa, si alguien resultó victorioso fueron el señor Jiménez Losantos y los que, como él, sostienen que la república conduciría al comunismo. Si la defensa de la república se entiende solo como un arma para comprometer al PSOE frente a su electorado situado más a la izquierda, una forma de provocar a la derecha más reaccionaria o una seña de identidad de la izquierda más radical, la pervivencia de la monarquía está garantizada.