La cogobernanza entra en crisis


Tenía que ocurrir y ocurrió: la judicialización de la política llegó también al covid. Ya hay un presidente de comunidad autónoma en desobediencia, como Quim Torra. Es el de la Junta de Castilla y León, señor Fernández Mañueco. Otra vez el Tribunal Supremo tendrá que decidir si dicho presidente se traga su acto de rebeldía o es el Gobierno central el que no supo interpretar sus propias decisiones. El decreto que ordenó el estado de alarma hasta el mes de mayo permite que las autonomías modifiquen el comienzo de los toques de queda en una hora sobre las 11 de la noche. Fernández Mañueco lo adelantó tres horas, con lo cual, a juicio del Gobierno, se saltó a la torera la norma. Y ahora, que el Supremo decida.

El episodio tiene su punto de interés, porque pone en discusión la filosofía de la cogobernanza y sus límites, así como la capacidad de diálogo de las administraciones públicas para resolver conflictos de interpretación. Si Mañueco mantiene el toque de queda es porque considera que agotó todas las posibilidades de hacer frente a la pandemia con el cierre de centros comerciales o los confinamientos, entre otras medidas. Le acompaña una cierta lógica, porque a las ocho de la tarde en invierno se puede hablar de nocturnidad. Y entiende que la autonomía es una capacidad normativa que el Gobierno central no puede limitar, especialmente en asunto de tal gravedad y una vez que los presidentes autonómicos son reconocidos como autoridad delegada a efectos de adoptar medidas sanitarias como las de restricción de movilidad.

Por el otro lado, el Gobierno entiende que su decreto es de obligado cumplimiento y que fue aprobado, además, por el Congreso de los Diputados, con lo cual se requiere un recorrido similar para aplicarlo y, en su caso, modificarlo. La gran crítica que merece es que el ministro de Sanidad, señor Illa, abrió la puerta a una interpretación generosa de los toques de queda ordenados en las autonomías y, lejos de cumplir con ese propósito, acude a los tribunales, como deseando castigar al niño insolente que ensucia el pupitre.

Con estos ingredientes, asistimos al contrasentido de que se permite que haya 17 modelos de lucha contra el covid al tiempo que el Gobierno central ejerce el mando único cuando se contradice alguna de sus decisiones. La autoridad delegada de los presidentes está reconocida sobre el papel, pero se puede socavar si sus actos contradicen al poder superior. Y la autonomía está más limitada para cuestiones que afectan a la salud que, por ejemplo, para aplazar unas elecciones autonómicas por estrictas razones de partido, a pesar de que, según el ministro de Justicia, parar las urnas es parar la democracia. Y todo, porque no hubo el clima ni la flexibilidad necesarios para el acuerdo, gran fracaso del Consejo Interterritorial. Espero que en su reunión de mañana lo intente arreglar.

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