Redacción

La prueba de fuego que, para la democracia, las instituciones y la propia cohesión y paz social, significan la pandemia y las medidas aplicadas para su control, con la multitud de dilemas morales, políticos y jurídicos que nos plantean, tiene, en el tiempo de duración de este drama, un elemento capital, del que depende prácticamente todo. Abandonado el espejismo de que la tormenta podría tomar solo unos meses, cumplimos el primer aniversario. Legítimamente, nos podemos preguntar no sólo hasta cuándo estaremos sujetos al riesgo sanitario y al zarandeo que comportan las restricciones y la depresión económica, sino también en qué medida la extensión de esta crisis la convertirá en huella de nuestra vida, marca de generaciones, episodio fundacional de algo siniestro. La idea, antes instalada, de que las limitaciones estrictas se pueden sobrellevar por su temporalidad, choca con una duración que casi ninguno esperábamos, y con su incompatibilidad con los fundamentos mismos de la sociedad abierta y democrática que decimos preconizar colectivamente. La cuestión no es solo cuánto tardaremos en superar la crisis sanitaria sino cuántas cosas perderemos por el camino y si, pasada la prueba, nos reconoceremos en el espejo.

Esta amarga convicción, que se extiende en un ambiente que, con el crepitar de la crisis económica y social, tiene mucho de desesperanza y hartazgo, exigiría una actitud política diferente. Y ello porque es bien distinto exigir un sacrificio temporal a determinadas libertades y derechos que entrar en un nuevo paradigma de relación con el poder y de desaparición de los espacios comunes, tanto físicos como simbólicos. Si la situación de urgencia nos acompaña indefinidamente, y en ello estamos, los gobernantes deben extremar el cuidado en las medidas que aplican, en el procedimiento que siguen, en los autocontroles y las cautelas que respetan y en la atención a los problemas que su intervención provoca, pues nada garantiza que no tengamos bastantes meses por delante en esta delicada situación.

Si examinamos en perspectiva el recorrido de nuestro país en las medidas de contención, algo habíamos progresado, afortunadamente, al optar por actuaciones más ajustadas a la realidad de cada territorio (aunque haya mil objeciones y disfunciones que advertir); al tratar de establecer criterios cuantitativos objetivos para actuar más allá de las percepciones falibles (también las de los dirigentes); o al mantener abiertos centros escolares (pese a que haya cursos de secundaria y bachillerato semipresenciales, o se renuncie al regreso a las aulas universitarias, cuestiones a revisar). También cuando se evita recurrir a la radicalidad confinadora que se ofrece como solución milagrosa, como si pudiera aplicarse periódicamente con la severidad conocida, con carácter precautorio, despreciando sus efectos en otros ámbitos y patologías o como si la crisis tuviese sólo una vertiente sanitaria, y no la abrumadora dimensión socioeconómica que puede poner en riesgo todo. Forzar la repetición de la experiencia de la primavera pasada, como si volviésemos a enfrentarnos a lo desconocido (y habrá muchas cosas por saber, pero ya tenemos hasta vacunas) generaría la sensación de inutilidad y quebraría toda confianza en el esfuerzo colectivo. Obviar toda preocupación por la sostenibilidad económica de nuestro sistema, repitiendo un retroceso productivo drástico, terminaría por hundir, más pronto que tarde, las propias políticas públicas, imprescindibles para contener la enfermedad y sus estragos.

Pese a ello, la respuesta a la segunda y a la tercera ola se hace en un contexto de voces contrarias, cada vez más aguerridas (de distinta procedencia, también de la propia izquierda) a la orientación del Gobierno central, que ha tendido con los meses hacia una mayor prudencia y preocupación por la proporcionalidad. La sensibilidad es aún manifiestamente insuficiente, el trazo grueso todavía predomina y se entiende que resultará retribuido electoralmente el perfil duro antes que el flexible y, hasta cierto punto, posibilista. El tiempo dirá si es acertada esta creencia, porque no encaja, por ejemplo, con las perspectivas electorales favorables que se atribuyen para los comicios catalanes a la candidatura del Ministro de Sanidad, a quien precisamente se acusa de laxitud en el control de la pandemia.

A su vez, la impotencia ante la envergadura del problema lleva a dictar ciertas medidas en el ámbito autonómico a sabiendas de la imposible aplicación o de su carácter contrario al ordenamiento jurídico. Sólo así se explica, por ejemplo, que el Gobierno de Castilla y León rebase con creces las facultades que le otorgan el Real Decreto 926/2020 y el 956/2020 (reguladores del estado de alarma y su prórroga) anticipando el horario de toque de queda y pretendiendo que puede hacerlo legalmente. O que una buena parte de las Comunidades Autónomas se aparten de las previsiones de los reales decretos citados para pretender prohibir las reuniones aunque no rebasen el número máximo de personas que se establezca, siendo el número de participantes el elemento sobre el que les permite actuar (si lo hacen justificadamente) la regulación del estado de alarma. Deberían recordar que limitar no es suprimir, que no tienen título jurídico para entrar a dirimir sobre la procedencia de las personas «reunidas» y que abordar la familia conviviente como una «reunión» revela una concepción de base errónea de ese derecho. Al intentar impedir (sin declararlo abiertamente, pero es el efecto perseguido por los decretos autonómicos) que, por ejemplo, familiares no convivientes que necesiten apoyarse o proveerse cuidados se encuentren, aunque hayan formado burbuja en esta crisis (como se recomendó por las autoridades, por cierto) y aunque adopten medidas de prevención, violenta gravemente el derecho a la vida familiar y, sobre todo, equivale a dictar una norma a sabiendas de que será masivamente transgredida y a la que sólo le falta el «obedézcase pero no se cumpla» medieval.

Si lo que se quiere es intensificar la recomendación de reducir contactos en el ámbito familiar extenso, que en efecto se ha mostrado propicio para la transmisión, dígase así sin sobrepasar los límites constitucionales ni engañarse al solitario dictando normas impracticables al borde lo surrealista, que además generan consecuencias contraproducentes, porque, aparecido un caso positivo, es más probable que no se diga la verdad al rastreador si se teme revelar una reunión «ilegal» familiar. Por otra parte, los gobernantes se sitúan en otro plano, ajeno a la realidad, al desconocer que el apoyo de familiares no convivientes es imprescindible para muchísimas personas en el día a día, incluso en términos de subsistencia.

Precisamente, saber si los propios dirigentes públicos son capaces de seguir el estándar que marcan se está convirtiendo en la respuesta reactiva y cabreada de una parte de la opinión pública y no digamos de los habituales de las redes sociales, dispuestos a revertir la dirección de la lupa bajo la que nos han puesto. Un terreno tremendamente resbaladizo que ya conocemos de la pasada crisis económica, que fue fértil en la detección y señalamiento de personas a las que atribuir culpas (algunas con más responsabilidad que otras, ciertamente). Algo que, probablemente, se repita con mayor intensidad, porque, a diferencia de lo sucedido en aquella etapa, ahora los propios gobernantes atizan la hoguera al erigirse ocasionalmente en inquisidores, aunque luego se les pueda aplicar la misma receta, algo con lo que no parecían contar.

Predicar el castigo ejemplar, en lugar de la aplicación de la norma con todas las garantías propias del Derecho; airear expedientes relativos de determinadas infracciones buscando indisimuladamente el escarnio; poner a las fuerzas de seguridad permanentemente en la vanguardia de la contención, con el componente criminalizador consiguiente; representar con toda su plasticidad el confinamiento perimetral precintando pasos que atraviesan dos municipios; caer en indiscreciones en la relación con los medios al permitir el conocimiento público, casi hasta la identificación personal de las personas afectadas, de los detalles de determinados brotes; animar a la denuncia recíproca entre vecinos a través incluso de bandos municipales; o, ya en el terreno del disparate, plantear como castigo la denegación de una vacuna (con una irresponsabilidad supina, pues la salud del colectivo depende por definición de la inmunización de cada individuo, incluidos los buenos, los malos y los regulares), significa subir la temperatura de la caldera unos cuantos grados y se está haciendo con una frivolidad aterradora. De paso, se alienta una nueva y contagiosa cepa del populismo, ya que supuestamente es el vulgo el que así lo reclama.

Las consecuencias son impredecibles, como hemos visto, desde la quiebra de la convivencia ciudadana a las listas negras apócrifas de supuestos contagiados, pasando por una voluntad de revancha y vigilancia desaforada devuelta hacia los gobernantes, que ya hemos visto en otros momentos previos de esta crisis y que amenaza con recrudecerse. Ni el flujo ni el reflujo de esta dinámica corrosiva ayuda en nada. De hecho, contribuye a la completa pérdida de papeles, en la que, rotas las ataduras verbales, se producen acusaciones indiscriminadas atinentes a todo tipo de materia, desde poner bajo sospecha la identidad de todos los receptores de la vacuna hasta cuestionar el tipo de vida personal de cada uno.

Toca ser pacientes, desterrar los mensajes que elevan gratuitamente la tensión y generan aún más zozobra, y que la contención se predique también de las propias respuestas desde los poderes públicos, porque el cuerpo social no podrá aguantar esta presión accesoria e innecesaria mucho más.

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