En septiembre de 2017 llevábamos con éxito al pleno del Congreso la proposición de ley por la igualdad de la comunidad LGTBI. En febrero de 2018, el Partido Popular defendió una enmienda a la totalidad que convertía un texto trabajado, complejo y ambicioso de 99 artículos en veinte páginas escritas de cualquier manera y donde se eliminaban absolutamente todas las medidas destinadas a garantizar derechos y ciudadanía a las personas trans. Estaba más que claro qué les molestaba, y eso que el verano anterior habían suscrito el apoyo a la ley, requisito para poder ir en la cabecera de la manifestación del Orgullo en Madrid. Es lo que tienen ese tipo de políticos, que sus compromisos duran lo que el flash de la foto. Quede para la posteridad el fotogénico cinismo de Javier Maroto y Andrea Levi.

El PP se quedó ya entonces solo frente a lo que es un consenso social. Gobernaban pero aún así perdieron y aquella ley siguió su curso parlamentario hasta que la legislatura acabó un año después. Con el trabajo por hacer en mente Unidas Podemos y el PSOE firmamos un acuerdo de gobierno que incluía una ley de igualdad de trato, una ley de igualdad LGTBI y una ley de derechos para las personas trans. Porque ese trabajo por hacer son derechos pendientes de garantizar. Y tras esos derechos no hay otra cosa que personas. Personas que por ser quienes son siguen sufriendo niveles de discriminación, marginación, agresión, depresión y suicidio que deberían avergonzar y sobrecoger a cualquier sociedad. Mientras esta vulneración de derechos fundamentales tenga lugar no podremos hablar sin sonrojo de democracia, porque  a día de hoy nuestro marco legislativo no garan tiza la ciudadanía de pleno derecho para todas las personas.

Ante quienes utilizan términos como polémica o debate para referirse a la cuestión de la ciudadanía y los derechos de las personas trans (... a menudo escuchando todo tipo de voces menos las suyas) les remito a los consensos amplísimos con los que se han aprobado leyes en distintas comunidades autónomas. No es el caso de Asturies, y quizás la resistencia se explique en algunas claves a las que sinceramente no me parece importante entrar. El ruido de las risas de la Escuela Rosario Acuña fue daño para muchas personas y esos ataques sólo me producen una enorme vergüenza ajena y me reafirman en la necesidad de que exista una ley garante de derechos para las personas trans, sobre las que recae tanta violencia física, simbólica y verbal.

Como digo, Andalucía, Madrid, País Valencià, Navarra, Illes Balears, Murcia, Extremadura. En ocho comunidades autónomas encontramos un total de hasta doce leyes que blindan el derecho a la autodeterminación de género. El mismo derecho que ya generó todo el consenso en 2019, cuando se tramitó la proposición de ley para modificar la ley actual y aún hoy vigente de cambio registral, porque resulta patologizante. Sí, a día de hoy las personas trans son tratadas como si tuvieran una patología, una enfermedad, y no una condición y una realidad vívida. A día de hoy, y aunque infinidad de organismos internacionales señalan que esto es una vulneración de derechos, las personas trans son tratadas como enfermas por el hecho de ser.

Es importante, por no caer en la injusticia ni en la ignorancia, diferenciar bien los verbos. Hablamos de ser y no de sentir. Hablamos de derechos y no de caprichos. Hablamos de justicia e igualdad. Quienes tienen pensamientos reaccionarios han caído ya en las retóricas supersticiosas y basadas en leyendas urbanas que jamás han existido ante lo que son los avances sociales. No olvidamos cómo el pensamiento reaccionario se opuso al matrimonio igualitario diciendo que abría la puerta a que se casara la gente con su perro. Las supercherías de entonces, generadas desde el odio y difundidas desde un reducto de ignorancia, no son distintas de las que oímos ahora. Y estoy convencida de que la mayor parte desaparecerían si se escucha a las personas trans. Escuchar no es una bronca en Twitter y tampoco se parece a tener de fondo un debate de opinólogos de la tele, donde de nuevo no hay representación de personas trans. Escuchar a quienes viven una realidad distinta de la propia implica algo que en estos tiempos de ruido y odio fomentado por la ultraderecha parece difícil pero que no lo es tanto; escuchar es colocarse en el umbral de nuestra percepción del mundo para comprender que hay más allá circunstancias y vidas que nos pueden ampliar y aportar punto de vista. Claro que quien cuenta eso tiene que hacer un ejercicio de paciencia o de pedagogía. Mi sensación es que la paciencia de las personas trans para contarse, y para reivindicar lo que no son otra cosa que derechos, es inmensa. Y lo es, como lo es la urgencia, porque les va la vida en esto. En que el BOE, las leyes, las administraciones, la educación, la sanidad, las instituciones, la sociedad, les reconozca como quienes son les va la vida.

Y esa es la fundamental diferencia entre quienes se oponen y quienes demandan una ley trans, la comprensión de estar hablando de Derechos Humanos. Entendido esto, se acaba toda discusión.

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