M is amigos de la panda, puesto que no podemos confraternizar ante un vaso de vino, bromean en las redes. Alguno ha descubierto la fotografía de una furgoneta de reparto de refrescos que lleva impresa una tentadora leyenda: «¿Buscas un bar? Sígueme». Invitación no menos regocijante que el comentario de frustración que alguien colocó al pie de la imagen: «Todo o mes detrás da puta furgoneta». La resolución del Tribunal Superior de Justicia vasco autorizando la reapertura de la hostelería en aquella comunidad ha desatado otra catarata de gracietas. Puesto que en la pandilla contamos con cuatro abogados, en paridad de sexos, ellos son los más interpelados: ¿A qué esperáis para recurrir los cierres en Galicia?
El ingenio y las chanzas son catárticas y fecundas. Ayudan a sobrellevar la tragedia. Al igual que aquellos diez jóvenes que, confinados en las afueras de Florencia para escapar de la peste bubónica, se dedicaron a intercambiar un centenar de sugestivos relatos: la materia prima con la que Boccaccio horneó la obra maestra del Decamerón.
No es el caso: nuestro pobre ingenio no da para tanto. Y además, en esta ocasión, me ha tocado ejercer de aguafiestas o tocapelotas: la sentencia que autoriza la reapertura de los bares en el País Vasco no puede ser tomada a broma. La resolución me parece una monstruosidad jurídica. Y también, ahora que tanto se cuestiona la división de poderes, una flagrante invasión de las facultades que el estado de alarma confiere al Ejecutivo. No me refiero a lo que dice la sentencia, que puede ser compartido o discutible, sino a quién lo dice: ¿quiénes son los jueces para valorar los riesgos que comporta para la salud pública el cierre o la apertura de los establecimientos de restauración? ¿O incluso, rizando el rizo, cómo se atreven a decidir si la apertura debe ser total o parcial, si el aforo debe limitarse al 50 % o al 30 %, si se autorizan grupos de cuatro o de quince, si la separación es de dos o de veinte metros? En vez de juzgar (determinar si la medida se ajusta a derecho y la dictó la autoridad competente), los jueces vascos se han puesto a gobernar.
Dice la sentencia que la reapertura de los bares «no aparece en este momento como un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública». Tal vez les asista la razón, incluso es posible que los equivocados sean los gobiernos autonómicos y europeos que optaron por el cierre, pero esa es solo una opinión, no un criterio jurídico que pueda convertirse en fuerza de ley.
Tampoco son los jueces, sino el Gobierno, el que debe afrontar el «grave quebranto económico» que las restricciones causan en la hostelería. Véase el caso de Díaz Ayuso: decidió, a contracorriente de sus colegas, mantener abiertos los establecimientos. Es su responsabilidad, no la de los jueces. Sin embargo, a ningún tribunal se le ha ocurrido, al menos hasta ahora, decretar el cierre de los bares en Madrid por considerarlos un peligroso foco de infección. Lo que supondría, sensu contrario, idéntica aberración jurídica a la perpetrada en el País Vasco.