Lo mínimo que se le puede pedir a un político, a un partido o a un Gobierno, en estos duros tiempos de pandemia, es que no complique aún más la vida de la gente. Sin embargo, cada día vemos a políticos cuya principal ocupación es descalificar al adversario, y a partidos que se han instalado en la confrontación permanente con el único objetivo de aumentar la crispación social en beneficio de sus intereses particulares. En este ambiente enrarecido, las personas, colectivos y administraciones que trabajan discreta y denodadamente por el bien común relucen, por su rareza, como un faro en la oscuridad. Celebro poder incluir entre esas felices excepciones a los Ministerios presididos por Unidas Podemos que constituyen, sin menguar los méritos del gobierno de coalición en su conjunto, la punta de lanza de los esfuerzos por garantizar una salida social a la crisis de la covid. Y creo que la labor de nuestras compañeras y compañeros merece ser destacada porque aunaron en su respuesta a la pandemia, pese al asedio inmisericorde de los grandes medios del país y de parte de su clase judicial, dos virtudes que se han demostrado esenciales: la amplitud de miras y la agilidad en la toma de decisiones. Por encima de errores e insuficiencias, la voluntad de poner todos los recursos posibles a disposición de la mayoría social debe conjugarse con el compromiso de habilitar procedimientos que permitan que las ayudas lleguen no solo a quien las necesita, sino cuando las necesita.
Es clave entender esto para valorar en su justa medida el tremendo avance político y social que supuso en su momento que el Ministerio de Trabajo implementase sin dilación el mecanismo de los ERTE, o que el Ministerio de Derechos Sociales pusiera en marcha el Ingreso Mínimo Vital, estableciendo por primera vez en la historia del país un salario mínimo a nivel estatal para todas las personas sin ingresos. Los ERTE no podían esperar al verano; el Ingreso Mínimo Vital no podía dilatarse por discusiones interminables. En tiempos de pandemia la urgencia de la sociedad debe imponerse a los lentos tiempos parlamentarios, aunque, lamentablemente, no siempre es así. En Asturies tenemos un ejemplo que pone de manifiesto que no basta con aprobar ayudas: hay que hacerlas llegar cuando se necesitan. El fondo de ayuda a las personas afectadas por la covid19, que Podemos Asturies propuso antes del verano, se aprobó a finales de diciembre de 2020, en los presupuestos autonómicos. Por si no fuera suficiente retraso, ha pasado todo enero sin que las personas que necesitan cobrar el fondo sepan nada de él. Y en febrero nos enteramos, mediante una rueda de prensa del presidente Barbón, de que el Gobierno autonómico prevé terminar de tramitar las ayudas en los meses de marzo o abril. Aunque resulte sorprendente, algunos representantes del Gobierno asturiano han hablado de procedimientos de urgencia, o de rapidez en la tramitación de las ayudas. Creo, sin embargo, que todos y todas estaremos de acuerdo en que cuando un hostelero, una trabajadora en ERTE, un colectivo teatral o una persona desempleada solicitan apoyo «urgente», estaban pensando en otra cosa. Creo que las familias que llevan meses desesperadas, con sus negocios al borde de la quiebra, y sus ingresos mensuales desplomados, no pueden considerar que unas ayudas que llegan un año después de que comience la pandemia son, precisamente, «urgentes».
¿A qué se debe esa diferencia entre la percepción de la sociedad y la percepción de gran parte de la clase política? Desde nuestro punto de vista, algo tiene que ver con el hecho de que la inmensa mayoría de los y las parlamentarias asturianas -con la única excepción de Podemos Asturies- han cobrado hasta el último euro de su salario, con o sin pandemia, con o sin emergencia social. ¿Cómo van a sentir en sus carnes la urgencia de la sociedad asturiana si nada altera sus ingresos mensuales, de entre 3.000 y 5.000 euros? ¿Cómo van a hacer suya la situación del hostelero que tiene que seguir pagando el alquiler, la cuota de autónomos, la luz y todos sus gastos regulares, aunque tenga su local cerrado como consecuencia de las inevitables restricciones sanitarias (entre 1.500 y 7.000 euros en pequeños negocios de hostelería)? En Podemos Asturies hemos entregado cerca de un cuarto de millón de euros de nuestro salario durante la anterior legislatura y lo que llevamos de esta, y lo hemos entregado a causas sociales y proyectos solidarios. Durante la primera ola lo primero que hicimos fue rebajar el salario a la mitad, devolviendo 30.000 euros a bancos de alimentos o a la sanidad pública asturiana. ¿Cuánto dinero podría dedicarse a la lucha contra la pandemia si no fuéramos el único grupo que se limita el salario? Si los y las parlamentarias asturianas dejasen de percibir parte de su salario, al menos mientras llegan las ayudas a los sectores afectados por las restricciones, ¿no creen ustedes que se darían más prisa en tramitarlas?
Francamente creo que sí. Y creo también que es imprescindible que la clase política abandone, aunque sea por unos meses, los tiempos lentos de la institución y haga suya la asfixiante situación de la sociedad. Es imprescindible que la Xunta Xeneral mida sus tiempos durante la pandemia en horas y minutos, no en meses. Decirles a los hosteleros, trabajadores de la cultura o a los autónomos que lo de sus ayudas se irá resolviendo hacia mayo es como decirle a una persona que se ahoga que antes de tirarle un salvavidas se va a organizar una comisión para estudiar su situación. La gente está cansada de comisiones, foros y reuniones, que a veces parecen convocarse solo para dar la impresión de que se hace algo. Hay que resolver las ayudas por la covid de inmediato, como hay que resolver de inmediato el conflicto entre la administración socialista asturiana y el Ministerio de Escrivá, desbloquear el cobro del Ingreso Mínimo Vital y asegurarse de que todas las personas beneficiarias del mismo en Asturies vean reconocidos sus derechos sin perder ni un solo euro de su retroactividad. Igualmente, no podemos perder de vista que llueve sobre mojado: en Asturies se acumulan retrasos en sectores fundamentales del ámbito del bienestar. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo los y las inquilinas de VIPASA en situaciones lamentables, rozando a menudo la infravivienda, sin que el Principado atienda sus demandas? ¿Cómo es posible que las ayudas urgentes de alquiler de vivienda para afrontar la primera ola llegasen más de 6 meses después?
El Gobierno sólo actúa cuando la presión social y política logra colocar el tema en los medios de manera reiterada y, aun así, no nos queda más remedio que mantenernos en alerta para asegurarnos de que las soluciones prometidas no queden en meras palabras vacías. Y qué decir de las listas de espera en dependencia, una de las lagunas más dolorosas del sistema de protección social de nuestra comunidad, que condena a miles de personas a una espera indefinida, de hasta dos años, justo cuando más necesitan percibir las ayudas que, por sus circunstancias les corresponden por ley, por derecho. Y si algo debemos tener claro es que los derechos no se discuten: se hacen efectivos. Le pedimos al Gobierno de Asturies que agilice las ayudas a todos los sectores afectados por la covid19, eliminando cualquier tipo de obstáculo legal, y que las entregue de inmediato; pedimos también que se convoque de urgencia una segunda convocatoria, para que no perdamos ni un día discutiendo. No esperen ni un minuto más en hacerlo porque, para muchos miles de personas, ayer ya era demasiado tarde.