El 3 % de la tasa Google

Hace tres meses, se publicó en el BOE la ley que regulará el nuevo «Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales» (IDSD), un tributo que recaudará un 3 % de todo lo que se facture por la publicidad online (Google, Facebook); los servicios digitales de intermediación (Amazon, Apple) y la venta de datos que genere el usuario en páginas o plataformas web... siempre que el año anterior hayas vendido al menos tres millones de jeroclos a clientes españoles y más de 750 a nivel global, lo cual deja fuera a Adarve Publicistas S.L. de Lugo, a mi empresa y -probablemente- también a la tuya.

¿Es este el enésimo impuesto al Sol creado por una clase política con una insaciable voracidad tributaria, necesaria para mantener los distintos chiringuitos en los que emplear a amigotes o financiar distintas mamandurrias? Puede ser, pero la realidad es algo más compleja de lo que muchos parecen empeñados en hacernos creer.

Lo cierto es que gobiernos de todo signo y condición nos han animado a liarnos la manta a la cabeza y emprender: «Si no encuentras trabajo, ¡crea uno para ti!», como si montar una empresa rentable fuera algo sencillo.

Si lo haces, el primer año que no palmes pasta y el siguiente pagarás un 15 % de todos los beneficios que obtengas en concepto de Impuesto de Sociedades y, después, un 25 %. Pero -según datos de la propia Agencia Tributaria-, después de la aplicación de distintas ayudas, deducciones y créditos fiscales, el tipo efectivo real al que las grandes empresas tributan es del 7,88 %, mientras que las medianas lo hacen al 13,65 % y las pequeñas al 18,78 %.

Podemos creernos o no esas cifras, podemos pensar que las empresas deberían pagar más o menos, pero en lo que casi todos coincidiremos es en que no parece que tenga mucho sentido que las grandes empresas paguen la mitad de lo que deberá pagar tu prima Mari si decide capitalizar el paro para cumplir su sueño de montar un pequeño hotel rural en Marraxón de Abaixo.

Por eso, algunos expertos abogan por establecer un tipo mínimo para impedir que las deducciones permitan que se pague por debajo del 15%. El problema es que la mayoría de las grandes multinacionales tecnológicas que hacen bisnes en España no tributan ni al 15% ni tampoco al 7,88 %. ¿Cómo es posible? Gracias a la fantasía de luz y de color que es la consolidación de resultados de múltiples filiales y participadas. 

Por poner un ejemplo, en 2018, Facebook España tuvo unos beneficios de 1,42 millones por los que pagó 864.000 euros (sin duda, compensando créditos fiscales anteriores), pero la madre del cordero es que ese mismo año facturó 112 millones y tuvo unos gastos de personal de apenas ocho. ¿Cómo es posible entonces que solo ganara un millón y medio? Porque Facebook se refacturó a sí misma -desde su filial de Irlanda- los supuestos costes de proporcionar esos servicios, ni más ni menos que 97 millones o lo que es lo mismo un 86,6 % de los ingresos.

Si las cifras de Facebook España fueran un reflejo de la realidad, la red social tendría un EBITDA (beneficio antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones) del 6,25 %, lo que la convertiría en una de las empresas tecnológicas más ineficientes del mundo. Pero antes de a que los fans de Mark Zuckerberg les dé un parraque, os confirmo que esos costes son mas falsos que el pelazo del Cholo Simeone. Y no porque lo diga yo, sino el propio Facebook que, en su cuenta de resultados de 2018, declaró facturar 55.000 millones de dólares a nivel global y ganar 25.000 antes de impuestos, un margen mucho más saludable del 45 %. Supongo que el coste del pixel en nuestro país es especialmente caro.

Entre pitos y flautas, Facebook tributó en España en 2018 un 0,77 % de lo que facturó, así que, parece que un impuesto del 3 % sobre la facturación no solo serían «cosquillas fiscales» para empresas similares sino que, sobre el papel, parece hasta justo. Sin embargo, ha encontrado un montón de detractores, no ya en dichas multinacionales -algo esperable- sino también en parte del estamento empresarial patrio y la opinión pública que afirman que, a pesar de que hayamos sobrevivido a una pandemia global, tras la aplicación de este tributo el mundo se va a acabar.

En diciembre de 2019, Teresa Gómez -directora por aquel entonces de Ametic, la patronal de la industria digital en España- (si después de 20 años trabajando en la industria digital española os acabáis de enterar de que hay una patronal, tranquilos, no estáis solos) afirmaba que el impuesto «va a situar a España en una posición de desventaja respecto al resto de países» porque daba por hecho que las multinacionales iban a repercutir el gravamen en el precio que cobraban a sus clientes, como finalmente ha sucedido.

Siguiendo el argumento de Gómez ¿por qué no bajamos el Impuesto de Sociedades a Seur a un 3% o, mejor, directamente se lo quitamos? Así la competitividad de las compañías españolas aumentaría porque tendríamos menos costes para distribuir nuestras mercancías. También podríamos bajar los impuestos de Telefónica, para que la conexión a Internet nos saliera más barata; o los de PcComponentes, para pagar menos por los equipos de nuestras plantillas.

Pero si Facebook, Google, Amazon o Apple tienen que aumentar sus tarifas para seguir manteniendo los mismos beneficios, después de pagar impuestos parecidos a los del resto de empresas en los países donde hacen negocio, el problema no es que tengan que pagar impuestos sino que la estructura de costes de sus productos y servicios sencillamente no es sostenible.

Y si pueden repercutir ese 3 % a sus clientes es porque el valor que aportan a los mismos es muy superior y el resto de sus competidores no puede igualarlo -son grandes empresas, con productos y servicios fantásticos, sería absurdo negarlo-, pero puede que llegue el día en que no sea así. Porque, no nos confundamos, esto no va de impuestos sino de garantizar que todo el mundo compite en igualdad de condiciones.

No voy abrir el melón de si las empresas deberían pagar más o menos impuestos -ese es otro debate, más ideológico que ético, donde hay mucha tela que cortar- o si la Agencia Tributaria realmente persigue a grandes defraudadores o a los que se olvidan de rellenar un impreso, pero no puedo creer que haya nadie que realmente defienda el emprendimiento y la meritocracia que no esté interesado en que todos juguemos con las mismas reglas. A Doña Teresa le preocupa que al gravar la facturación en vez de los beneficios se haga pagar a empresas que entren en pérdidas. A mí también, pero aún más que alguien me intente tomar el pelo. Que una empresa que declara un 45 % de beneficios brutos a nivel global sostenga que en nuestro país ese margen es de solo el 6,25 %, te hace sospechar que creen que eres un poco imbécil.

Yo debo serlo, porque no entiendo cómo garantizar la libre competencia puede poner a los asociados de Ametic «en posición de desventaja» respecto a empresas de otros países; y tampoco qué carallo hacen Facebook, Amazon o Google en la Junta Directiva que rige la patronal de la industria digital nacional y, supuestamente, vela por sus intereses.

«A la ya conocida frase de “si el producto es gratis, el producto eres tú” habría que aplicarle una visión fiscal: si el producto eres tú, quien te venda tendrá que pagar impuestos donde tú resides (Yago Álvarez Barba», @EconoCabreado) 

 Si buceas por los comentarios que hay en los múltiples posts sobre la tasa Google que hay en la Red, encontrarás centenares como este del usuario Giosoftware: «Nos merecemos la tasa de paro que tenemos desde hace años. Los gobiernos que escogemos no hacen más que poner impuestos a las pocas empresas que generan dinero, empleo e innovación. Seremos un país de camareros por los siglos de los siglos amén».

Pero esa visión es tan corta de miras como la de la señora Gómez. Una en la que «las pocas empresas que generan dinero, empleo e innovación» son las que venden sus productos en Amazon y en la que ni siquiera conciben que aquí pudiéramos llegar a crear algo parecido a la plataforma estadounidense. Y cuando digo a «aquí» me refiero, por supuesto, a Europa.

Porque al contrario de lo que cree Giosoftware o lo que sugiere la Ametic, el IDSD no es una excentricidad de ningún Gobierno español. En el verano de 2019, la Asamblea Nacional francesa aprobó un gravamen del 3 % del volumen de negocios de las compañías tecnológicas que obtengan ingresos anuales de al menos 750 millones de euros -¿tenéis una ligera sensación de déjà vu?- que cobraron ese mismo año. En 2020, Francia congeló el pago para dar espacio a que la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que engloba a 137 paises) pudiera negociar las bases de un nuevo modelo fiscal global en vez de hacer la guerra por su cuenta.

El organismo internacional fracasó en su intento de cerrar una propuesta a lo largo del año. Entre otras cosas por la ralentización que provocó la crisis del covid-19, pero también porque el Gobierno de Donald Trump torpedeó las negociaciones y finalmente las abandonó, amenazando con imponer aranceles del 100 % a algunos productos agroalimentarios franceses, italianos, británicos y españoles -cuatro de los países que más han promovido el impuesto- si se atrevían a aplicarlo.

La Unión Europea anunció que seguiría adelante e implantaría su propia tasa Google, pese a las amenazas de Trump, si no se lograba llegar a un acuerdo global. La OCDE por su parte, manifestó que esperaba tener lista su propuesta antes del verano de 2021. El Gobierno francés de Emmanuel Macron -poco sospechoso de ser un bolchevique revolucionario- ha declarado que espera que la Administración Biden sea más razonable y que le parece fantástico que unos y otros negocien, pero mientras tanto, Francia cobrará este año la tasa Google a las plataformas digitales.

No sé si el IDSD es la mejor solución posible o si acabará repercutiendo en el ciudadano -¿acaso algún impuesto no lo hace-?, pero sí sé que es injusto compararlo con estupideces legislativas como tener que pagar una compensación por enlazar contenidos de terceros. Lo último solo es una medida proteccionista que busca perpetuar un modelo de negocio obsoleto. Lo anterior, una primera aproximación para intentar que todas las empresas que hagamos negocios en un determinado territorio, desde una sencilla frutería a la multinacional tecnológica más puntera, juguemos con las mismas reglas.

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