No es fácil saber por qué la España desnortada, más preocupante que la vaciada, acaba de legalizar la eutanasia para las personas, a las que, además de facilitarle la muerte voluntaria, les arropa la convicción de que es la única salida digna para su deterioro natural, mientras seguimos inventando costosos y estériles ensañamientos terapéuticos para enchufar a la vida a muchas empresas que -enferruxadas por la edad, la tecnología o el mercado- están abocadas al requiescant in pace (RIP). Se ve que somos así, improvisadores e impacientes. Tanto para mantener vivas las empresas que están en muerte cerebral, como para enviar al cementerio a personas abducidas por la idea de una muerte, más que digna, progresista.
Soy consciente de que el párrafo anterior, en el que todas las letras tienen su sentido, es, como dicen los comentaristas deportivos, «una jugada para la polémica». Pero también es la única explicación que existe para entender casos como el de Alu Ibérica, en A Coruña y Avilés, que, en solo un año, han pasado de las hábiles y heroicas decisiones adoptadas por los sindicatos, las Administraciones y, con creciente frecuencia, los jueces populistas, a las manos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Guardia Civil.
La situación es tan irracional y estúpida que, en vez de cumplir con las normas del mercado abierto, a las que España está adherida, seguimos empeñados en hacer de cada caso una excepción que debe contradecir las mismas normas que en realidad nos alimentan. En vez de entender que nadie tiende a cerrar factorías realmente rentables, seguimos dispuestos a creer que, cuando una gran corporación internacional decide cerrar, hay fondos financieros -que al principio vemos como benefactores y al final como buitres- dispuestos a salvar, generosamente, lo que las grandes corporaciones, estructuradas sobre sinergias productivas, quieren cerrar. Estamos tan desnortados que ni siquiera podemos entender que la misma lógica que facilitó nuestra industrialización, sobre la base de las deslocalizaciones de la Europa desarrollada, nos obliga ahora a afrontar con inteligencia y rigor el turno de deslocalización activa que -gracias a Dios- nos ha llegado. Y hasta tal punto nos gusta huir hacia adelante, que, en vez de aprovechar la obsolescencia de una empresa para sustituirla por otra más actualizada, sostenible y tecnificada, nos acogemos sin pestañear al típico y paradójico diagnóstico sindical que establece que, si el Estado se moja, y pone pasta, la viabilidad -no rentable- de cualquier factoría está garantizada.
De este tipo de negocios, que ahora ejemplificamos en Alcoa, hay centenares de ejemplos en España. Maniobras de salvamento milagroso que, tras costarnos una fortuna y una grave pérdida de oportunidades, casi siempre acaban mal. Pero en esto no hemos aprendido nada, ni estamos dispuestos a aprenderlo. Porque, cuando florece el populismo, no hay lugar para la inteligencia y la lógica. C’est la vie, como dicen en Francia.