Suele afirmarse que el poder aleja a los gobernantes de la realidad, pero la enajenación, contagiosa como un virus, parece extenderse también a quienes están en la oposición. Asombra que no perciban el descrédito que, desde hace al menos una década, sufren la política y los políticos. Incluso los partidos que nacieron en época relativamente reciente como regeneradores se han visto afectados por la ceguera. El espectáculo que ofrecieron la semana pasada y que amenaza con prolongarse en el tiempo, cuando la ciudadanía está padeciendo los efectos de la enfermedad y la crisis, cuando un año de limitación de libertades fundamentales ha trastornado sus costumbres y sus relaciones personales y familiares, cuando el hartazgo exige más que nunca que los dirigentes inspiren confianza para evitar así la desobediencia o el estallido de ira, avergüenza, pero, sobre todo, despierta temor porque el desprestigio de la política pueda extenderse a la propia democracia liberal.
Ha sido inevitable que recordase lo que Gumersindo de Azcárate, intelectual y político inusual, leonés, pero también gijonés de adopción, escribía hace más de un siglo: «Así sucede que (en la actualidad) la honradez de los gobernantes consiste únicamente en no meter las manos en las arcas del Tesoro, no vender destino, no hacer negocios sucios, sin que figuren en el decálogo de la moralidad política el respeto a las leyes, ni la sinceridad en el proceder, ni la lealtad para cosas y personas, para con los partidos y para con el país, ni otros preceptos cuya infracción no causa el escándalo que lleva consigo la violación de aquellos, pero produce quizás efectos más hondos y perniciosos».
No es este el momento más adecuado para provocar crisis políticas y, menos todavía, para convocar elecciones anticipadas, pero lo peor es que se haga sin motivos suficientes, salvo la ambición de poder o el deseo de beneficiarse del erario. La grandeza de la política estriba en que es una actividad al servicio de la sociedad; indispensable, pero que se degrada si solo busca el beneficio particular o de grupo.
En la, parece que fallida, moción de censura de Murcia se han combinado la falta de oportunidad, no había más motivos para presentarla que hace unos meses ni una urgencia que impidiese retrasarla, la ineptitud de quienes la presentaron sin garantías de ganarla, la irresponsabilidad de no calcular sus efectos y la corrupción de los que compran voluntades y de los que se venden. Todo ello trufado con los inevitables toques de esperpento hispánico: los censuradores eran realmente autocensuradores, ni dimitieron de sus cargos en el gobierno antes de firmar la moción ni tampoco después, los que se mantuvieron en ella fueron cesados; a eso se suma la solidez de los principios de quienes firman un documento un día y se desdicen al siguiente. Si, finalmente, saliese adelante con los votos de unos disidentes de Vox, que no han roto su disciplina por motivos ideológicos y siguen formando parte de su grupo parlamentario, el PSOE caería en una indignidad intolerable, lo mismo que Podemos si lo secundase.
La presidenta de la comunidad de Madrid ha aprovechado la ocasión para hacer algo que deseaba hace tiempo: desembarazarse de Ciudadanos y acercarse a la extrema derecha, con la que se siente más cómoda. En este caso, las mociones de censura presentadas por Más Madrid y PSOE no tenían por objetivo romper una coalición ya rota por ella, ni siquiera contaron con las firmas de Ciudadanos, sino impedir un desaguisado. No está de más recordar que el PSOE fue la fuerza más votada en 2019 y cuenta con 7 diputados más que el PP en la asamblea madrileña, por eso se puede definir como puro trumpismo que tanto la líder populista como sus adalides mediáticos, algún periódico de rancio abolengo lo llevó como titular de primera página, tengan la osadía de acusar a la izquierda de pretender alcanzar el poder sin el respaldo de las urnas. Respaldo tienen todos los diputados, el mismo que la señora Ayuso, obtenido en 2019, y el PSOE y el señor Gabilondo más que el PP y que ella. Su coalición fue legítima, pero también lo sería otra que la sustituyese.
Por otra parte, no hubiera habido censura más merecida. El gobierno populista de Madrid ha sido incapaz de lograr que se apruebe un solo presupuesto desde que está al frente de la comunidad, la ha situado en cabeza de los contagios por el coronavirus, ha contribuido a que estos se difundan por el resto de España, ha buscado la popularidad con un enfrentamiento constante con el gobierno central y, por último, ha logrado convertir a la capital en la Meca a la que peregrinan los europeos que desean emborracharse libremente, sin las trabas que imponen gobiernos preocupados por salvar vidas. De ahí debe proceder su eslogan de «socialismo o libertad».
La resolución del TSJM, aunque sea recurrible, parece indicar que habrá elecciones el 4 de mayo, un día laborable, quizá elegido porque en él los cayetanos tendrán más facilidades para votar que los asalariados con rígida jornada laboral y domicilios alejados del puesto de trabajo. La líder populista cuenta con ventajas adicionales, no es la menor que tres de los cuatro periódicos impresos locales le sean incondicionales. Sabrá aprovechar con su descaro habitual el malestar provocado por la enfermedad, la crisis y las obligadas restricciones a la libertad. Lo peor es que su previsible triunfo coincidirá con un nuevo ascenso de Vox. Casado está atrapado, probablemente nunca se llegue a saber si su giro al centro era sincero o simplemente otro ardid táctico.
Con ERC bien amarrada por Junts y malas perspectivas electorales para Unidas Podemos, las circunstancias no son buenas para Pedro Sánchez y su gobierno, probablemente esté lamentando la imprudencia cometida. No resulta fácil adivinar las consecuencias de la sorprendente decisión de Pablo Iglesias de abandonar el gabinete y encabezar una candidatura de izquierda en la comunidad de Madrid. La propuesta de alianza con Más Madrid, que triplica a Podemos en votos, es un regalo envenenado para Íñigo Errejón; la repentina dimisión, con propuesta de sustituta incluida, un desaire para Pedro Sánchez. Sin duda, Yolanda Díaz es la mejor candidata al puesto y al liderazgo de UP, pero las formas son discutibles. Tampoco está claro que, ahora y en Madrid, Pablo Iglesias no despierte más rechazo que adhesiones. Si negocia con humildad y con la mano tendida con Más Madrid quizá fortalezca a la izquierda, habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos.
La moción de Castilla y León, una comunidad en la que la gestión de la pandemia no merece más reproche que en cualquier otra, requiere poco comentario; será doblemente inútil porque ni conseguirá su objetivo ni servirá para promocionar al que la promueve. Nadie sigue habitualmente los debates de las Cortes autonómicas, lo que, dada la elocuencia de los oradores, me atrevería a decir que es positivo porque ayuda a evitar el aumento de la abstención, y menos lo hará con este.
La ambición de Rivera y la inanidad de Arrimadas han destruido a Ciudadanos, partido poco sólido desde su nacimiento, lo peor ahora sería que la codiciosa Ayuso empujase al PP del inconsistente Casado hacia la extrema derecha. Como ya sucede en Italia, aunque allí sobreviva un residual Berlusconi, el término «centroderecha» sería más que nunca un eufemismo.
El desprestigio de la política arrastró tras de sí a la democracia en otras ocasiones, el año próximo se conmemorará el centenario de la llegada de Mussolini a la jefatura del gobierno en Italia. En un mundo en el que gobiernan Bolsonaro, Erdogán, Putin, Lukashenko, Orbán o el PiS polaco, en el que crecen Alternativa por Alemania, Fratelli d’Italia y la Lega, Le Pen y Vox, entre tantos otros, los demócratas deberían esforzarse en demostrar el altruismo de su vocación política y la importancia de la democracia como único sistema que ha permitido garantizar la libertad y la dignidad de los seres humanos, no hacer todo lo posible por desacreditarla. Bastante daño causa ya la corrupción.