Menos soberbia, algo de humildad


Que no nos engañen: si el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anuncia que el Gobierno abandona la idea de renovar el Consejo General del Poder Judicial solo con los votos del PSOE, Unidas Podemos y algún partido independentista no es por ningún proceso de reflexión ni de arrepentimiento. De hecho, ya lo tenían aparcado y lo aparcaron cuando la UE, tras una denuncia de Pablo Casado, mostró sus reticencias a una idea que destroza la división de poderes del Estado. Y si ahora se comunica en la muy solemne mesa informativa del Consejo de Ministros es porque el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, envió un recado a la Moncloa. Ese recado dice que no es democráticamente asumible esa forma de elegir el Consejo y que el estándar europeo es que los propios jueces elijan al menos la mitad de los vocales. Esa es la forma de evitar la politización de la Justicia.

El mensaje de Bruselas es claramente una victoria del PP y de su presidente, que denunció los hechos ante el Partido Popular Europeo y con presencia de Angela Merkel y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. La pelota, una vez más, queda en el tejado del Gobierno, que trata de disimular diciendo que hablará con los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos. Digo yo que con quien tendrá que hablar el ministro Campo será con Pedro Sánchez. Y lo evidente es que el Consejo no puede pasar más tiempo caducado y ahora con el agravante de las manos atadas para el nombramiento de cargos judiciales por una ley-chantaje aprobada con toda urgencia en el Congreso de los Diputados. Ahora mismo hay 46 vacantes que no pueden ser cubiertas, nueve de ellas en el Tribunal Supremo y seis en las presidencias de tribunales superiores de justicia. Es una situación aberrante.

Entiendo que la salida de este marasmo ya no puede ser otra que atender las indicaciones de Bruselas, porque Bruselas se ha puesto en guardia ante los síntomas de asalto a la independencia de la Justicia. Es decir, que hay que volver a la situación previa al famoso dictamen de Alfonso Guerra «Montesquieu ha muerto» y legislar que los jueces elijan a su gobierno, que eso es el Consejo. Será endogámico, pero nadie podrá acusar a la institución de estar manejada por los partidos y nadie podrá decir que vota por bloques ideológicos, como ocurrió hasta ahora. Y si no puede hacerse porque los trámites legislativos son lentos, hágase en dos fases: primero y por última vez, la elección política, y después el compromiso de reforma de la legislación. Y para la elección política, lo que dice el portavoz parlamentario del PNV: que tengan el gesto de no proponer nombres inasumibles para cualquiera de las partes. ¿De verdad es mucho pedir esto? El Gobierno y el Partido Popular solo tienen que bajarse del pedestal de su soberbia y hacer un pequeño ejercicio de humildad.

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