Sánchez: ¡Que gobiernen los jueces!

Roberto Blanco Valdés
Roberto L. Blanco Valdés EL OJO PÚBLICO

OPINIÓN

Mariscal

09 may 2021 . Actualizado a las 13:52 h.

Declarado en medio de una gran escandalera por el abuso de poder que suponía su excesiva duración, hoy finaliza el estado de alarma vigente desde principios de noviembre. Y lo hace sin que el Gobierno haya explicado aun dos cuestiones esenciales: por qué ese estado, que consideraba hace medio año indispensable, le parece ahora innecesario pese a que el covid sigue ahí; y por qué el Ejecutivo se ha negado en redondo a hacer lo que le solicitaron tanto el Consejo de Estado como muchos gobiernos regionales: impulsar una reforma legislativa que permita limitar derechos y libertades en momentos de tanta gravedad como el de la pandemia que sufrimos.

El Gobierno podía, pues, haber modificado la muy general (cuatro artículos) Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, haber impulsado una ley exhaustiva de nueva planta o, tras no hacer durante casi un año ni una cosa ni la otra, pese a haberlo prometido, haber prorrogado el estado de alarma. Para todo ello habría contado con una amplia mayoría que le hubiera permitido eludir el habitual chantaje de sus socios de EH Bildu y ERC.

Pero en lugar de optar por lo que dictaba el sentido común, la acción del Gobierno (o, para ser más exactos, su inacción inexplicable) le llevó a adoptar, por ignotos motivos, a última hora, una medida que, siendo bondadosos, solo cabe calificar de peregrina: intentar evitar el caos que seguro iba a producirse -que ya se está produciendo- al dejar las medidas de las comunidades en manos de los tribunales superiores de justicia, cuyos criterios interpretativos podían ser -que de hecho son- muy diferentes, mediante la creación de un recurso especial que empoderaba al Tribunal Supremo (el verbo es de Carmen Calvo, cuyo saber jurídico anonada) para corregir las resoluciones de los tribunales superiores cuando rechazaran las medidas propuestas por las comunidades.