El Gobierno de Asturias está tramitando la posible declaración como montes vecinales en mano común (MVMC) de montes públicos (MP) repartidos por toda la región. Una decisión histórica que podría mover, de forma irreversible, la frontera entre lo público y lo privado. De aprobarse, sería un atraco y un pelotazo más contra lo que es de todos. Igual que Bolsonaro con la Amazonía.
Los MP ocupan casi la mitad de Asturias, sobre todo, la cordillera. Son propiedad de ayuntamientos o parroquias rurales, administraciones que según la ley nos representan como vecinos. Cuando tienen alto valor ambiental están declarados de utilidad pública (MUP) y se gestionan por el Servicio de Montes regional. Esta gestión pública es profesional, transparente y con garantías democráticas, pese a las limitaciones presupuestarias y los incendios que delincuentes provocan cada año.
Ahora, un grupito de personas, impulsados por un bufete gallego que vio tajada, utilizando una arcaica y antidemocrática norma de origen godo, y sin cumplir los requisitos legales que exige la ley, pretenden adueñarse de esos MP convirtiéndolos en MVMC, de propiedad privada (en régimen especial) de hipotéticos vecinos del pueblo más cercano.
Varios partidos de la Junta General, sorprendentemente incluidos los de izquierda, en una borrachera de demagogia irresponsable, y de falta de respeto a las entidades locales democráticas, han apoyado ese proceso privatizador. Defienden fantasiosos, épicos y medievales conceptos de paisanaje y aldea frente a los aburridos, pero constitucionales, de ciudadanía y municipio.
Si se aprobara esa declaración como MVMC, los montes pasarían a ser gestionados por arcaicas Juntas de Comuneros, constituidas «de aquella manera», por «supuestos paisanos» del pueblo próximo. A partir de ese momento los MP dejarían de ser públicos y perderían su condición de utilidad pública. El ayuntamiento quedaría sin patrimonio y sin competencias. Los montes se gestionarían de manera privada, en restaurantes y salas de fiestas. Esa declaración, además, es irreversible, salvo abandono o expropiación.
Los actuales usuarios de los montes, como los ganaderos, montañeros, guías, investigadores, etc, que los utilizan de forma gratuita o con licencias de pastos del ayuntamiento adjudicadas de forma transparente, perderían sus derechos de uso. Estarían a expensas de negociar con el presidente de esa Junta los usos y los precios a pagar. En A, o en B. Los MVMC, por su naturaleza, no se pueden vender. Pero sí se pueden alquilar a corto o largo plazo, hasta 30 años, a empresas energéticas, mineras, ganaderas, forestales, turísticas, cinegéticas, a personas físicas… o a quien sea. Aparecería ahí una nueva renta de propiedad, que hoy no existe, a abonar al dueño del monte.
¿Y quienes serían esos propietarios? Aquí vuelve la oscuridad propia de esos montes: «los representantes de las casas abiertas con humos». Y sólo si cumplen los arcaicos requisitos de un reglamento excluyente que algún listillo redactará y son admitidos en el club de los comuneros. En la práctica, la gestión y sus frutos económicos quedaría en manos de pocas personas, que no tienen por qué residir en el pueblo y, de hecho, vivirán en Gijón, Oviedo..: los nuevos jubilados rentistas.
¿Y qué pasará con las ayudas de la UE? Dicen que el Ducado de Alba es el principal beneficiario de la PAC, por sus latifundios. En Asturias las ayudas agrarias vinculadas a las superficies utilizadas en los MP las cobran los ganaderos. Al aparecer, de repente, la figura del propietario privado de esos montes afectaría a la distribución de ayudas y al pago por el uso del monte. A corto plazo los pequeños ganaderos podrían ser expulsados de los montes si hubiera ganaderos mayores o empresas que pagaran más renta a los nuevos dueños.
Alguno dirá que todos los vecinos participaremos en la gestión de los MVMC y que esa gestión podría llegar a ser íntegra y transparente. Los que vivimos en pueblos y podríamos ser comuneros, sabemos que no será así. Las personas más voceras, más ociosas, más violentas, o las que ven más negocio con ellos se implicarán más en la gestión y aunque alguna vez convoquen a reuniones a los demás vecinos, o a una parte de ellos, cosa que puede pasar (o no) impondrán su fuerza y se apropiarán de los beneficios. Y el que no esté de acuerdo, o el que llegue nuevo a vivir al pueblo, se quedará a dos velas o deberá pagar abogados y pleitear largos años con los que lleven el monte, con el gasto y el riesgo que eso supone para su patrimonio o incluso su integridad física, como ha ocurrido en Galicia donde los MVMC son predominantes. Con dinero por el medio, pueblo pequeño, infierno grande.
¿Y la economía y el medio ambiente? Los aldeanistas argumentan que al entregar la propiedad a algunos vecinos (el uso ya lo disfrutan hoy), se «aprovechará» mejor el monte y ya no lo quemarán. Te machacan, te rindes y encima les entregas la propiedad. En realidad el crear, por arte de magia, una renta de propiedad innecesaria para una nueva clase de latifundistas «manos muertas» sólo aporta un coste más que perjudica a la competitividad de las producciones. En cuanto a los incendios y la biodiversidad, la privatización de los montes, la pérdida de la figura de MUP, las restricciones a la libre circulación de personas y la intensificación de usos forestales, ganaderos, energéticos o deportivos, incluidos los que motivan los incendios, supondrían en muchos casos un deterioro ambiental notorio que castigaría aún más a nuestras especies y ecosistemas. En Galicia hay todavía más incendios que en Asturias y menos biodiversidad.
Joaquín Arce Fernández es economista, ecologista y exdirector General de Política Forestal