Desde el pasado martes la nueva tarifa de la luz se divide en tres franjas horarias llamadas «punta», «llano» y «valle». El precio más económico entre semana va desde medianoche hasta las ocho de la mañana (y los fines de semana y festivos todo el día), lo que ha provocado mucho debate, tanto social a base de memes en las redes sociales como también en lo político, incluyendo a miembros del Gobierno sobre si recomendarían a su madre planchar a las dos de la mañana o si las mujeres son las que se encargan mayoritariamente de las tareas domésticas. Paralelamente, el Gobierno ha aprobado medidas para abaratar en un 15% la factura a costa de recortar los beneficios de las grandes eléctricas, que a modo de ejemplo podemos poner el de Endesa (obtuvo en 2020 un beneficio neto de 1.394 millones de euros, ocho veces más que los 171 millones que registró en 2019). Esperemos que esta decisión sea beneficiosa para el común de los mortales.
Ayer conocimos el dictamen del Supremo en tono a los confinamientos nocturnos. El alto tribunal considera que sin estado de alarma en vigor no hay posibilidad de aplicar el popularmente llamado toque de queda (tampoco podrán las autonomías limitar las reuniones sociales). Desde el 9 de mayo en aquellas autonomías donde sí se había limitado la movilidad de madrugada pudieron hacerlo porque esas restricciones se justificaron como imprescindibles para frenar la Covid-19 en función del número de enfermos. El número de fallecidos y de contagiados en el conjunto del país no está ni mucho menos en cero casos, pero sí se puede decir que la incidencia acumulada se encuentra bajo control, lo que anima a que de cara al verano se intente aliviar medidas, sobre todo las enfocadas a la hostelería. Veremos si se toman en el Consejo Interterritorial medidas de consenso (entre otras con el ocio nocturno), porque decisiones por unanimidad del Gobierno con todas las autonomías parece que será más que improbable.
Desconozco en qué ha quedado la decisión de la cúpula del PP de cambiar la sede tras el batacazo en Catalunya, pero es evidente que no han pasado página y que el silencio de Pablo Casado ante la imputación de la María Dolores Cospedal en el caso Kitchen abre una nueva crisis en la organización, porque ya solamente por agravio comparativo no se entiende que a Jorge Fernández Díaz le abrieran un expediente informativo el mismo día que lo imputaron y que con Cospedal no haya ni un solo movimiento previsto (aunque claro, fue clave en su victoria en el congreso que lo alzó Presidente). Si Casado no ha abierto la boca, tampoco ha sido nada explícito Almeida, que para salvar los muebles ha apelado a la presunción de inocencia. La propia afectada, en el mismo día que saltó la noticia, no sé si estaba convencida de que acabaría en el banquillo porque viendo su reacción (tras mostrar su enfado en el Congreso porque nadie le había avisado de la suspensión de su comparecencia). Casado debería ser valiente y tomar la decisión de romper con un pasado que ya no solamente ensucia a su partido, sino también a instituciones del Estado (al utilizarse un dispositivo parapolicial para espiar ilegalmente a Luis Bárcenas).