La justicia, los jueces, la política y la historia

OPINIÓN

María Pedreda

08 jun 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

Una de las convicciones que he adquirido después de muchos años de vida, en los que padecí una dictadura y la combatí en lo que pude, viví la transición todo lo activamente que podía un joven politizado y militante y, finalmente, como ciudadano todavía politizado aunque ya no afiliado, dispuse de más de cuatro décadas de democracia, que dediqué a estudiar y enseñar historia, es que no puede existir una democracia sin una justicia independiente. No solo eso, tampoco un Estado que pueda ofrecer a sus ciudadanos una vida razonable, con el mínimo de arbitrariedad y corrupción. No era algo evidente para la izquierda de mi juventud, no lo digo solo por la famosa boutade de Alfonso Guerra, un personaje que hoy demuestra que la edad te puede hacer más conservador, pero no necesariamente más lúcido, sino por la influencia que todavía ejercían la revolución rusa o los posestanlinismos soviético y chino.

Después de 1989, solo algunos desinformados o fanáticos pueden seguir sosteniendo que es posible un socialismo en el que no exista una justicia capaz de proteger los derechos de las personas y de controlar con plena independencia los abusos del poder. Es cierto que, desde la izquierda, los trotskistas llevaban muchos años sosteniendo que era irrealizable el socialismo sin democracia, aunque no creyesen demasiado en la separación de poderes, y que intelectuales como Camus habían denunciado las tiranías que se decían socialistas, pero la guerra fría, en la que el «mundo libre» estaba también plagado de dictaduras, incluso en Europa y en la OTAN, oscurecía muchas cosas.

Sirva esta introducción, un tanto larga, para explicar que no cuestiono en absoluto la independencia judicial, al contrario, la valoro como indispensable. El problema reside en que jueces y fiscales son seres humanos. Eso los convierte en falibles, pero, además, supone que pueden ser independientes del poder o de los partidos, al menos, no estar afiliados, pero no de su origen social, de su formación, de sus ideas políticas o religiosas o incluso de sus intereses.

Leía hace unos días un interesante trabajo de Ignacio Durbán Martín sobre la justicia en el Trienio Liberal, ese notable periodo histórico del que se debería estar celebrando el bicentenario, en el que explica que el deseo de reconciliación de los liberales impidió que se depurase la justicia en 1820, cuando retornó el régimen constitucional, por lo que se permitió que «en la práctica, el número de jueces y magistrados partidarios del absolutismo fuese abundante». Esa justicia que la Constitución convertía en independiente, pero que no comulgaba con ella, fue un serio factor de inestabilidad, que dificultó la consolidación del nuevo sistema. La situación volvió a repetirse tras la muerte del tirano, lo que facilitó que un cuerpo con tendencia a ser conservador lo fuese aún más en la España del siglo XIX, la endogamia siempre fue grande entre la judicatura. Algo parecido sucedió después de 1975. Los jueces que encarcelaban a periodistas, disidentes políticos, mujeres adúlteras u homosexuales se convirtieron por arte de birlibirloque en defensores de los derechos recogidos en la Constitución. Eso justificaba la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que realizó el PSOE, aunque no la tontería de Alfonso Guerra.

Siempre es injusto generalizar, había entonces algunos jueces demócratas y otros que, sin serlo claramente, no compartían la arbitrariedad de determinadas leyes franquistas, pero ese momento de la historia explica que jueces y fiscales sigan siendo hoy mucho más conservadores que la sociedad española.

Si la ideología condiciona el proceder de los jueces en asuntos como el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, es inevitable que eso suceda en delitos de indudable connotación política. El Tribunal Supremo lo puso de manifiesto en su informe sobre los indultos a los políticos independentistas catalanes, lo había hecho previamente en la sentencia, por no hablar de la actuación de los fiscales en el juicio.

No puedo ahora extenderme en el comentario del informe, pero, como historiador, sí quiero señalar cómo la pasión puede llevar a los jueces a sostener verdaderas extravagancias. Se afirma en ese documento que la «preferencia por la amnistía prescinde de una enseñanza histórica que evidencia que, en no pocos casos, las leyes de amnistía han sido el medio hecho valer por regímenes dictatoriales para borrar gravísimos delitos». Francamente, si eso ha ocurrido, fue de forma excepcional y casi nunca en España. Fernando VII se opuso a conceder una amnistía a los liberales tras su restablecimiento como monarca absoluto por el ejército francés en 1823, como le exigían las potencias, horrorizadas con una represión que manchaba su imagen como valedoras del monarca. Finalmente, concedió un indulto limitadísimo en 1824. En 1832, cuando ya necesitaba a los liberales para que apoyasen los derechos al trono de su hija, solo permitió otro indulto más amplio, pero con notables exclusiones, y no permitió a los parcialmente perdonados, como el conde de Toreno, acercarse a Madrid; hubo que esperar al establecimiento de un nuevo sistema constitucional para que llegase la amnistía. 

Los liberales, con sistemas constitucionales, sí fueron generosos con los carlistas derrotados en las guerras civiles. No fue el caso de Franco en su victoria, la amnistía debió esperar a las Cortes democráticas. Es cierto que ese dictador concedió una, el 23 de septiembre de 1939, para las personas que habían cometido crímenes «en defensa de los ideales que provocaron el glorioso alzamiento contra el frente popular». Supongo que será la que recuerdan los magistrados, pero más bien es la excepción que confirma la regla y la única que no perdona a perseguidos por sus ideas o acciones políticas, sino que pretende evitar que sus propios criminales lleguen a ser encausados. ¿Concedió alguna Primo de Rivera? Si en España no se encuentran amnistías en sus tiranías o dictaduras ¿cuántas concedieron Stalin, Hitler o Mussolini? El gulag comenzó a vaciarse tras la muerte del primero, no recuerdo ninguna de los otros dos. No tengo en la cabeza la historia detallada de las muchas dictaduras que ha habido en el mundo en los más de 200 años de la Edad Contemporánea, algún tirano amnistiador habrá, pero la generosidad siempre predominó entre liberales y demócratas.

Si se repasa la historia del reinado de Alfonso XIII, se encontrará que ese régimen constitucional indultó, en 1910, a los condenados por los violentos sucesos de la Semana Trágica, aunque no salvó a Ferrer y Guardia, y amnistió a los rebeldes dirigentes de la huelga revolucionaria de 1917, por ejemplo, sin que se pidiera a Largo Caballero, Anguiano, Saborit o Besteiro que renegasen de sus ideas o de su actuación política. Los sistemas liberales y democráticos buscaron suavizar los enfrentamientos políticos con la humanidad y la clemencia, en las tiranías es donde no cabe el perdón, esa es la lección de la historia.

El informe de los magistrados del Supremo contra los indultos ha coincidido en el tiempo con el de dos miembros del CGPJ sobre el proyecto de ley de memoria democrática. Según se señala en la página web del organismo, los ponentes «advierten de que la redacción del precepto puede dar lugar a una tutela 'asimétrica' de la dignidad de las víctimas de otros hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos acaecidos en el periodo histórico contemplado por el legislador, que no resultaría compatible con el igual respeto y consideración que merece todo ser humano por el hecho de serlo. Por ello, la consideración de 'actos contrarios a la memoria democrática' debería configurarse de un modo más omnicomprensivo, siguiendo el espíritu de resoluciones como la aprobada el 19 de septiembre de 2019 por el Parlamento Europeo sobre la importancia de la memoria histórica para el futuro de Europa, en la que se pide 'una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas, y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado (…)'»

De nuevo la historia ¿qué dictadura estalinista ha habido en España? Todas han sido de derechas y son dos las tiranías más criminales: la de Fernando VII y la del general Franco ¿cómo es posible la «asimetría»? Es cierto que en la guerra civil los dos bandos cometieron crímenes, pero el republicano nunca fue una dictadura, nunca tuvo un gobierno estalinista o comunista y no promulgó una legislación que amparara los que se cometieron desde el suyo. Eso no impide que quienes fueron asesinados por sus ideas o profesiones, desde personalidades como Melquiades Álvarez o Muñoz Seca a los eclesiásticos y a los miles de «derechistas» o «burgueses» menos conocidos, merezcan tanto respeto como las víctimas republicanas y el Estado deba tenerlo en cuenta, pero esos crímenes se limitan a la guerra. Claro parece que la Fundación Francisco Franco no persigue fines de interés general, a pesar de las dudas de los ponentes, aunque sí les concedo que vidrioso es el terreno de la libertad de expresión y el derecho de manifestación, esto sirve también para el Supremo, y que hay que ser muy cuidadoso a la hora de prohibir o sancionar.

Malo es olvidar la historia, peor deformarla. Maestra poco escuchada, si algo nos enseña es que no hay nada más peligroso que dos exacerbaciones nacionalistas enfrentadas. Es preferible echar agua que leña al incendio.