Con los indultos no acaba nada, por supuesto. Pero tampoco empiezan con ellos el «reencuentro» y la «concordia» que, según Sánchez, nos conducirán a una «nueva España», expresión que por sí sola tiene ya connotaciones que dan repelús. Tras los indultos, como dijeron los de la CUP cuando se aprobaron las leyes de desconexión en el Parlamento catalán, «ahora empieza el mambo». Con la impunidad en la mano, libres de toda carga judicial y ensalzados como «referentes sociales» en el BOE, y hasta como émulos de Mandela, los condenados y su grey se lanzan ahora a someter a un Estado al que creen derrotado.
Ningún avance habrá, de entrada, mientras Oriol Junqueras esté en la calle libre de cualquier problema legal y Puigdemont siga como un náufrago en Bruselas, amenazado con la cárcel si regresa a España. Previo paso de Aragonès por la Moncloa para hacer caja con nuevas prebendas económicas, esa será la primera prueba a la que someterán a Sánchez. Que garantice también la impunidad de Puigdemont. ¿Puede hacerlo? Sí. Reduciendo a la nada el delito de sedición en el Código Penal. Y probablemente lo hará. Conseguido ese último trofeo, y sin ceder un ápice, lo siguiente es el órdago. Referendo o nada.
Un periódico bien informado de lo que sucede en la Moncloa, y no precisamente crítico, aseguraba ayer que el Gobierno ha hablado «de forma permanente» con ERC sobre el contenido de los indultos. No sé si es habitual negociar el indulto con el que va a ser indultado. Pero sospecho que no. Y tal vez el Tribunal Supremo debería empezar por ahí cuando analice los recursos.
El problema no es que los nueve condenados permanezcan o no en la cárcel. Entre otras cosas, porque estaban allí en régimen de mediopensionistas, saliendo cada vez que había una verbena y hasta con despacho propio. El problema es que con esos indultos el Gobierno trabaja activamente para dañar el Estado de derecho español. Los expedientes y las declaraciones de Sánchez hablando de «venganza» y de «revancha» son un verdadero manual para los jueces que deberán examinar en el Tribunal de Derechos Humanos los recursos de los golpistas.
Nos encontramos, de hecho, en una situación diabólica en la que el Gobierno de España está deseando que la sentencia del Supremo sea desacreditada en Europa, porque eso le cargaría de razones por haber concedido el indulto y aliviaría la sospecha de que los otorga solo por su propia supervivencia política. Y en eso trabaja Sánchez. ¿Qué tribunal va a avalar esa sentencia si el propio Gobierno de España dice que el Código Penal por el que se dictó es una monstruosidad que nos aleja de las democracias europeas? Sánchez está alentando un cuestionamiento de la Justicia española que, de producirse, sería trágico, porque desprestigiaría nuestro Estado de derecho ante el mundo.
A los españoles nos costó mucho alcanzar la democracia plena después de 40 años de dictadura. Denigrarla internacionalmente solo para que Sánchez permanezca en el poder es algo que no se podrá olvidar nunca.