La capacidad para superar adversidades, y de ellas salir reforzado, es innegable en Pedro Sánchez. Recuerden cuando en 2016 -a cuenta de su negativa a abstenerse en la envestidura de Mariano Rajoy- fue forzado por el aparato del PSOE a dimitir, recuperando -menos de ocho meses después- el liderazgo de su partido en unas primarias que significaron el fin de cualquier alternativa a su mando y de la trayectoria política de la inmensa mayoría de aquellos compañeros que le habían creído amortizado. O cómo la negativa al posible pacto con Podemos -algo que al propio Sánchez le causaba insomnio- acabó en una realidad completamente distinta. Pedro Sánchez es hoy presidente de un gobierno de coalición PSOE-Podemos en el que la formación morada, incapaz de rentabilizar su posición, se diluye, abocada a convertirse en una fuerza irrelevante en próximas convocatorias electorales.
Pero incluso quienes más hábiles son en el campo de la política pueden equivocarse. ¿Será la concesión de los indultos a los políticos independentistas catalanes, condenados por sedición, el principio del fin de la particular capacidad de supervivencia política de Sánchez? Todas las encuestas coinciden en que la mayoría de los españoles no están de acuerdo con la medida adoptada por el Ejecutivo. También indican que son mayoría los votantes del PSOE que la desaprueban. Se mantienen prietas las filas en un PSOE modelado a voluntad de su secretario general. Entre aquellos que eran llamados «barones» son mayoría los que apoyan la decisión del Gobierno, más por deseo de permanencia que por convicción. En Susana Díaz tienen los líderes autonómicos socialistas el ejemplo del alto precio a pagar por discrepar.
Mientras el presidente del Gobierno defiende los indultos por razones de «utilidad pública», y en favor del «espíritu de concordia y convivencia de la Constitución», los beneficiados de la medida de gracia -que nunca han mostrado arrepentimiento y señalan que volverían a cometer los hechos por los que fueron condenados- instan a sus formaciones políticas a continuar avanzando hacia la autodeterminación.
Hoy la oposición más dura al Ejecutivo no está en la bancada de la derecha, quienes no suman la mayoría suficiente para desalojar mediante moción de censura a Sánchez de Moncloa, sino en los escaños de un independentismo que presume de forzar cambios en la posición del Gobierno. Gabriel Rufián anuncia un estrechamiento en el camino de la legislatura: si no se avanza hacia un referéndum pactado las elecciones generales llegarán antes de lo establecido.
Si bien el indulto como medio para mantener el apoyo del nacionalismo tiene ajuste constitucional, el siguiente paso al que aspira el independentismo -un referéndum de autodeterminación pactado- no tiene encaje en nuestra Carta Magna.
Sánchez, salvo actuación que quien firma no acaba de imaginar, está atrapado. Cierro estas líneas trasladando el que considero el gran problema de los citados indultos: la propia posibilidad de ser aplicados.
Entre tanto ruido generado por el crispado debate político nos olvidamos de cómo la concesión de esta medida, al margen del signo político del gobierno que lo haga, supone un mazazo en la columna principal de nuestro Estado de Derecho: la separación de poderes.
Vivimos en una democracia asentada, donde cualquier ciudadano cuenta con todas las garantías para defenderse ante unos tribunales de justicia que lo juzgarán exclusivamente con arreglo a las leyes que nos hemos dado.
¿Hemos normalizado que el Poder Ejecutivo enmiende las decisiones del Poder Judicial? Si es así, la democracia está en peligro.