Por la libertad de cátedra ¡Yo pago la matrícula!

OPINIÓN

Rosario de Acuña
Rosario de Acuña Real Academia de la Historia

08 ago 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

El artículo segundo del Concordato de 1851, vigente durante 80 años, lo dejaba meridianamente claro. A la jerarquía católica española le correspondía el derecho a la vigilancia de la ortodoxia ideológica en todos los estudios impartidos en cualquier centro de enseñanza, público o privado, teniendo los obispos y demás prelados libertad para «velar sobre la pureza de la doctrina de la fe, y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud en el ejercicio de este cargo, aun en las escuelas públicas». De lo que podía llegar a suponer la aplicación estricta del texto concordatario ya había dado prueba suficiente el ministro Manuel Orovio en la circular enviada en febrero de 1875 a los rectores: «cuando la mayoría y casi la totalidad de los españoles es católica y el Estado es católico, la enseñanza oficial debe obedecer a este principio, sujetándose a todas sus consecuencias. Partiendo de esta base, el Gobierno no puede consentir que en las cátedras sostenidas por el Estado se explique contra un dogma que es la verdad social de nuestra patria». En consecuencia, varios profesores dimitieron de sus puestos, mientras que otros fueron separados o suspendidos.

En el otoño de 1884 los universitarios madrileños andan revueltos, han salido a la calle para manifestarse en contra de lo que consideran un nuevo ataque a la libertad de cátedra. La protesta estudiantil había comenzado tras la campaña de acoso que, iniciada por el diario carlista El Siglo Futuro, se sigue contra el catedrático Miguel Morayta, a quien la prensa confesional acusa de haber pronunciado un discurso irreverente y herético en el acto de inauguración del curso 1884-85 celebrado en la Universidad Central. En las semanas siguientes se aviva el debate y se intensifican las críticas al Gobierno, al nuevo ministro de Fomento, al otrora neocatólico y antiguo líder de la Unión Católica Alejandro Pidal y Mon, por lo que consideran inaceptable tolerancia con los profesores liberales. Algunos obispos publican duras cartas pastorales contra el contenido del discurso. Se argumenta que «contiene proposiciones que ponen en duda el diluvio universal y la descendencia del humano linaje de la primera pareja, Adán y Eva, y que confunden a nuestra santa religión con otras religiones falsas». Un grupo de estudiantes pide firmas de adhesión a las protestas de los obispos.

La reacción liberal no se hace esperar: buena parte de los universitarios, afines a Morayta, se echan a las calles dando vivas a la libertad de enseñanza, no faltando tampoco las dedicadas a la república o a algunos dirigentes republicanos. Oyose también algún «¡Muera!», al que contestó con un «¡Viva el rey!» un oficial de seguridad «sacando la espada y acometiendo a la multitud» en unión de varios guardias. La algarada estudiantil toma las calles del centro de Madrid produciéndose diversos enfrentamientos con la policía entre el 17 y el 20 de noviembre. Carreras, embestidas, gritos, heridos, algún cristal roto, disolución de grupos a sablazos y más de una docena de detenidos «por proferir frases subversivas». Comoquiera que la situación parece complicarse por momentos, las autoridades gubernativas se muestran decididas a atajar el problema cuanto antes, aunque para ello tengan que adoptar medidas drásticas y ejemplares. Las presiones llegan hasta el rectorado, donde no tardan en abrir un expediente disciplinario a tres estudiantes de Medicina, señalados por haber tenido una actuación más activa en estas revueltas, que desde entonces serán conocidas como los «sucesos de la Santa Isabel».