Cuando la derecha se opone a todo, incluso a las vacaciones del gobierno
13 ago 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Siempre se dice que la actividad política se detiene cuando lo hacen los parlamentos y que el período de inactividad previsto en la Constitución y en el reglamento de las cámaras como período extraordinario es excesivo.
Todo esto se ha visto acentuado en la década populista por la desafección, la desconfianza y la demagogia antipolítica que se empeña en degradar la imagen de la política como una actividad pública de bandería al margen del mérito, movida solo por intereses partidistas y con privilegios carentes del esfuerzo y la responsabilidad consiguientes del resto de la sociedad civil.
Es cierto que una parte del descrédito nos lo hemos ganado a pulso, sobre todo con los reiterados casos de corrupción, que en todo caso no son muy diferentes del resto de la sociedad, pero sobre todo con una respuesta parcial que aún hoy sigue siendo muy poco ejemplar, basada en una actitud cínica de manga ancha para los casos propios y muy estrecha para los casos ajenos.
Aunque, lo más grave es la mutación de la dialéctica política en un asfixiante clima de polarización y confrontación entre enemigos que impide cualquier acercamiento y con ello el diálogo y el acuerdo como base fundamental de la buena política. Si a ello se suma la competencia interna y la deriva extremista dentro de cada ámbito del espectro político, como hoy ocurre con acento particular en el espacio de la derecha y del independentismo, pero también, aunque atenuadas por la coalición de gobierno, en el propio ámbito de la izquierda.
En este sentido, la retórica de la polarización y el antagonismo se ha hecho con la práctica totalidad del espacio político y como consecuencia no solo de la relación entre los partidos políticos, sino también de las instituciones y la relación entre ellas, así como de los medios de comunicación y las redes sociales, trasladando el clima populista al conjunto de la sociedad y a los procesos electorales, retroalimentando la confrontación de todos contra todos, la parálisis política, el bloqueo de los imprescindibles acuerdos transversales, como los relativos a la regeneración democrática frente a la corrupción o la renovación de los órganos constitucionales y la reforma de la Constitución, vitales para la gobernanza, y como corolario de todo ello el acelerado deterioro y la degradación de la política y de su imagen entre los ciudadanos.
Una muestra trágica de la decadencia de la política española ha sido la incapacidad para una respuesta política unitaria y como consecuencia para la colaboración institucional frente a la pandemia y sus graves efectos sanitarios, psicológicos, sociales y económicos. Muy al contrario, la derecha populista ha visto en la crisis una oportunidad para deslegitimar primero y desgastar luego al gobierno, con una oposición radical y sistemática a cada medida, recurriendo además al bloqueo institucional, dando de hecho por amortizada la legislatura cuando esta se encuentra apenas a mitad de trayecto.
Por eso, cuando la vacunación avanza en España y lo hace por delante de los países de nuestro entorno y no solo en porcentaje de cobertura sino también en la protección de los colectivos y grupos de edad más vulnerables y en la adhesión de los ciudadanos, hasta el punto de acercarnos al borde del cumplimiento del ambicioso objetivo de un setenta por ciento de la población con pauta completa con la perspectiva del óptimo de superar el ochenta, que sumada a las medidas de control de las CCAA han logrado el punto de inflexión de esta quinta ola, de nuevo a pesar de las críticas al marco legal y judicial, no solo no se reconoce como un gran éxito colectivo, sino que continúa en el reproche sistemático sobre la disponibilidad de vacunas y también sobre los criterios de reparto, como si no hubiesen estado claros ya desde finales del año 2020 con la aplicación de la primera estrategia de vacunación.
Tampoco la recuperación de los datos económicos y de empleo de estos meses, por encima de las previsiones de los organismos internacionales, ni la prórroga de los ERTEs y de las medidas de protección del escudo social por parte del gobierno han servido para rebajar la tensión política. Muy al contrario, el desmesurado incremento del precio de la electricidad se ha convertido en el nuevo oscuro objeto de deseo de la polémica política, donde los mismos que pusieron en marcha un sistema eléctrico que se muestra fallido, trasladan su responsabilidad al actual gobierno, al que piden de una vez más la dimisión, proponiendo como alternativa demagógica la desfiscalización total del servicio a los consumidores, eso sí sin discutir el método marginalista ni los exagerados beneficios de las empresas como consecuencia de su práctico oligopolio en la fijación de precios.
Sin embargo, los que de una y otra parte hemos estado en la actividad política, sabemos que el período vacacional, incluso el a priori más tranquilo, lo carga el diablo, tanto por una actividad política que nunca se detiene, como por los acontecimientos inesperados y por la amplificación de los mismos, todo ello sin que el funcionamiento regular del Parlamento permita liberar siquiera una parte de la tensión acumulada.
Por eso pienso que al gobierno en este contexto veraniego le interesaría una ofensiva política y parlamentaria, sin esperar al inicio del período ordinario, tanto en lo relativo a nuevas medidas de urgencia para la rebaja del precio de la electricidad a los consumidores, en particular para promover la ampliación del bono eléctrico a las rentas más afectadas por la subida, hoy muy restrictivo, a limitar su repercusión sobre las empresas, como también en la rebaja definitiva del IVA, y asimismo con las reformas estructurales encaminadas a garantizar la formación de precios y la competencia en el sector. También con respecto a las medidas a adoptar en este tramo final de la pandemia, en particular ante la próxima apertura del curso escolar, la culminación de la vacunación y el refuerzo de las residencias de mayores y de los centros sanitarios. Como asimismo, para acelerar los trabajos previos de cara al proyecto presupuestario y de la comisión con el gobierno de Cataluña.
Aunque lo que yo no esperaba era que el mismo encono populista, que se cebó en el derecho al descanso del responsable del centro de alertas y emergencias sanitarias CCAES el verano pasado, recurra ahora a cuestionar el disfrute de las vacaciones del gobierno, precisamente por ser de izquierdas, en una suerte de reedición del acoso y derribo contra el exvicepresidente del gobierno por las dimensiones y la localización de su vivienda en territorio nacional. Y es que el populismo y el clasismo no descansan, tampoco en pleno mes de agosto.
Este verano es la demostración de que la política populista entendida como polarización incluso se acentúa en verano y que si queremos contribuir a regenerarla tendremos que estimular el diálogo sobre propuestas.