Esta luz amañada, al menos. No creo que nadie se sorprenda de que quien tiene el poder a base de acumular riqueza maquine dentro del poder político para conseguir «legalizar» procedimientos ilegítimos de enriquecimiento que perpetúan el orden establecido. Siempre ha sido así.
Pero sí sorprende a una parte de la sociedad, y mucho, que haya gente, igualmente afectada por el latrocinio energético, que defienda esas prácticas abusivas en virtud de una suerte de Síndrome de Estocolmo, interesadamente promovido por los predicadores neoliberales. Fundamentalistas del lucro indiscriminado del que esperan poder beneficiarse por sus supuestos méritos, siempre arduos y muy superiores a los de los vagos que reclamamos justicia social sin dar un palo al agua. Claro, va a ser eso: somos de esos que salían de juerga cuando ellos estudiaban y ahora, que, en consecuencia, somos iletrados y tenemos un infraempleo de mierda, queremos que nos den jamón ibérico a precio de choped. Cuántas veces habremos oído o leído estos argumentos pueriles. En fin.
Esta tropa es buen ejemplo de alienación y colaboracionsimo: víctimas del atraco explicando al resto de damnificados que una buena parte de la factura de la luz corresponde a varios impuestos gestionados por el gobierno de turno. Ponen la responsabilidad ahí cuando no gobiernan sus amos para no hablar de que, tributos aparte, estamos pagando la luz al triple de lo que cuesta producirla debido a un sistema de establecimiento de precios diseñado a la medida de la codicia del cártel energético; choped a precio de jamón ibérico. Para no hablar de las privatizaciones de empresas públicas que conllevarían bajadas de precios, del «déficit de tarifa», del impuesto al sol o de que el presidente de una de estas compañías gana mil veces el salario mínimo —algo que el integrismo económico justifica apelando a un mérito del todo inverosímil—. Y para no hablar de que para que esta aberración se mantenga imperturbable ante la estupefacción e indignación de una multitud menos, igual o más trabajadora, inteligente y cualificada pero, eso sí, más honrada, hace falta que expresidentes y exministros se lleven una parte del botín, entre otros altos cargos implicados en una regulación que debería proteger de la especulación a los servicios básicos. Para conocer el resultado de la privatización de la sanidad, véase EEUU. Y, después, récese para que no ocurra.
El gobierno del turno presente, además, aminora la factura bajando el IVA, es decir, recorta los ingresos a la Hacienda Pública con la que se sufragan los servicios públicos que sirven de mecanismos compensadores de la desigualdad rampante. Que no es que no sea razonable bajar los impuestos a los servicios básicos; es que no es la solución porque también es a nuestra costa. Vatios para hoy, más servicios privatizados (y más caros) para mañana. Más carencias para quienes no puedan pagarlos.
Porque, dicen, una eléctrica pública es propia de regímenes comunistas. Aunque la realidad lo desmienta, hay que apoyar a los colaboracionistas de la oligarquía. Lo cierto es que la mayoría de las 50 eléctricas más grandes del mundo son de control estatal y eso, según la OCDE, contribuye a bajar la factura. Entonces ¿por qué la mala gestión y la ineficiencia de las empresas públicas es un argumento recurrente? Tal vez porque no se atiende al hecho de la correlación inversa entre codicia/ambición y ética por la que en las organizaciones, ya sean públicas o privadas, tienden a medrar quienes más ambición y menos escrúpulos tienen. Así, particularmente en el sector público, menos dependiente de la cuenta de resultados, la ausencia de una gestión profesionalizada y transparente acaba derivando en ineficiencia y corrupción. Pero la solución no es privatizar para que, ya que nos van a robar, nos roben profesionales con pedigrí.
Lo de trascender los intereses particulares y de grupo por el bien común no es algo que se estile por estos lares. No es extraño que al brazo político (y religioso) de la oligarquía le salga un sarpullido virulento cuando se habla de «educación para la ciudadanía», «valores cívicos», «dimensión eco-social», «perspectiva de género» o «derechos humanos», es decir, de aquello que nos ayuda a quitarnos su bota de nuestro cuello. Adoctrinamiento, lo llaman los del síndrome.
Pero, claro, si en organizaciones políticas que, supuestamente, aspiraban a la horizontalidad asamblearia en busca de una mayor y mejor democracia no han sido capaces de escapar a la «ley de hierro de la oligarquía» y se abandonaron a una fratricida lucha entre facciones por el poder orgánico, qué no ocurrirá en organizaciones que manosean obscenamente el poder; el poder real, el económico. Qué podemos esperar.
¿Y la próxima semana? La próxima semana hablaremos del gobierno.