El enfrentamiento entre el PSOE y el PP a cuenta de la renovación del Consejo General del Poder Judicial es un inmenso trampantojo que oculta una realidad muy distinta de la que los dos grandes partidos, en su propio beneficio, nos presentan.
No es verdad, en primer lugar, que el PSOE y el PP persigan diferentes objetivos en la relación entre políticos y jueces. El de ambos es común, pero tan impresentable que, claro, tratan de ocultarlo: el control de la mayoría del consejo. Esa y no la noble defensa de la independencia judicial explica las urgencias del PSOE en renovar un consejo donde hoy está en clara minoría. Y esa y no la noble defensa de la independencia judicial explica el encastillamiento del PP en utilizar su minoría de bloqueo para impedir la renovación de un consejo en el que hoy tiene mayoría, aunque sea a costa de hacer algo inadmisible: utilizar el cumplimiento de las leyes como moneda de negociación.
Tampoco es verdad, como sostienen los partidos cuyo principal objetivo es denigrar nuestra democracia (Podemos, ERC, Bildu, JxCat y BNG) que la batalla sobre el consejo demuestre que en España no existe independencia judicial. La irresponsabilidad de PSOE y PP y su voracidad de poder les da a aquellos munición para denigrar a los jueces y al Estado al que sirven, y contribuye a proyectar una mala imagen de un poder judicial que, con los problemas conocidos, hace cabalmente su trabajo. Pero lo cierto es que incluso los nombramientos del consejo están cada vez más reglados y sujetos a criterios objetivos, de modo que su composición tiene hoy mucha menos trascendencia de la que tuvo en el pasado.
Y no es verdad, en fin, como ha proclamado el nuevo ministro de la Presidencia a cuenta del consejo, que «los jueces no pueden elegir a los jueces». Por un lado, en España los jueces se seleccionan por mérito y capacidad en durísimas oposiciones para acceder a la carrera judicial. Por otro, el espíritu de la Constitución, que previó que 12 de los 20 miembros del Consejo se elegirían entre jueces y magistrados, era que se atribuyese a aquellos la selección, tal y como quedó previsto en la ley inicialmente. El PSOE cambió en 1985 hacia la total elección parlamentaria del Consejo, que el TCE consideró conforme a la ley fundamental, aunque aclarando que el método inicial resultaba el más adecuado para garantizar la independencia judicial.
Tengo pocas dudas de que aquel era, con sus problemas, el sistema menos malo. Pero también de que el empecinamiento del PP en defender ahora ese cambio legal solo conducirá a un callejón sin salida: porque Podemos, que manda mucho, jamás lo aceptará. Y porque el Gobierno está feliz teniendo en el centro de la agenda un tema que, pese a su innegable importancia, no le preocupa a casi nadie, en lugar de que el debate público se centre en los diarios récords del precio de la electricidad, en el empleo o en las responsabilidades gubernativas en la nefasta gestión de una pandemia que ha dejado a España hecha unos zorros.
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