Estamos llenando nuestra historia reciente de capítulos inacabados. O peor, cerrados en falso por estar repletos de sospechas. Y eso resulta perjudicial para nuestra convivencia y para quienes los protagonizan. El archivo que pretende la Fiscalía del Supremo de tres investigaciones al emérito Juan Carlos, no es una buena noticia. Ni para los ciudadanos, ni para los monárquicos, ni para el propio emérito. Y mucho menos para la monarquía. La sombra de la duda causará daños difícilmente reparables.
Está acreditado que Juan Carlos I reconoció una fortuna oculta de al menos 100 millones de dólares, recibida de un jeque árabe, y oculta en un paraíso fiscal. Sabemos que regularizó esta anomalía, al menos en dos ocasiones, gracias al favor de un palaciego con el que simuló un préstamo. Sabemos que tanto él como miembros de su familia utilizaron tarjetas opacas. Y sabemos que solo cotizó cuando supo que se investigaban sus pagos en negro y sus andanzas en paraísos fiscales.
Hace dos años el Supremo sentenció que ponerse al día con Hacienda, después de conocer una investigación en marcha, no libra al acusado del banquillo. Pero en esta ocasión no se tiene en cuenta ni esta, ni otras anomalías. Como que la Fiscalía fue avisando al abogado de la marcha de las indagaciones.
Sea por falta de pruebas o por haber prescrito los delitos, la Fiscalía toma una decisión para cerrar en falso el procedimiento. Más porque contribuye a dificultar que el Congreso, donde según parece reside la soberanía del pueblo, investigue la fortuna del monarca, producto de negocios opacos y trabajos como comisionista. El carpetazo daña aún más la imagen de la monarquía. El actual rey que optó por el retiro dorado de su padre, y que sabe bien lo que se juega, debe ser el primer disgustado con la decisión. E incluso el afectado, si fue sincero cuando le dijo a Laurence Debray, en el libro Moi Déchu, que «el futuro de la monarquía es mi principal inquietud». Pues que se inquiete.