Tal como apuntaba ayer Gonzalo Bareño, el silencio de Pablo Casado sobre el pago de la reforma de la sede del PP con dinero negro es atronador. Y lo es todavía más su decisión de imponer el mutismo a todos los dirigentes. Hasta Ana Pastor, siempre dispuesta a hablar con la prensa, sorteó el cerco de micrófonos y cámaras con un «buenos días». Es una estrategia, pero, a juzgar por los comentarios publicados, una estrategia equivocada, porque puede haber mucha gente que la interprete como complicidad.
El señor Casado no debería temer nada por hablar. Al revés: ganaría mucho en credibilidad y transparencia. Las obras de reforma de la sede central del PP se efectuaron entre los años 2006 y 2008. En el 2006, él tenía 25 años de edad y solo era una joven promesa de Nuevas Generaciones, sin ningún papel en la organización y mucho menos en la financiación. Es imposible que haya participado en la programación, ejecución y pago de las obras. Alguna vez lo dijo y se publicó, pero da la impresión de que alguien le pidió o le exigió que dejara de apuntar a sus predecesores.
Y lo está haciendo por vínculos ideológicos, por relaciones de amistad, por disciplina de partido o por una muy noble lealtad. Pero eso tiene un peligro: la gente, incluida la gente que le vota, no tiene por qué conocer la biografía del presidente del PP. No tiene por qué saber lo que hacía en los años de las obras. La mayoría de la gente solo sabe que hubo una sentencia judicial por manejo de dinero negro procedente de donaciones privadas a cambio otros favores; que es cierto todo lo que se dijo sobre la famosa y triste caja b que con tanta eficacia administró Luis Bárcenas; que esta es la tercera condena del partido y que todavía quedan otros episodios sin juzgar.
Esa es la realidad y el señor Casado, si quiere dar ese salto cualitativo que le lleve a la presidencia del Gobierno, no puede esperar estoicamente a que pase el tiempo, sigan cayendo sentencias y se sigan acumulando certezas, ya certificadas judicialmente, de financiación delictiva. El cambio de sede puede tener un alto valor simbólico de ruptura con el pasado, pero ya se ve que no es fácil. Un edificio de las dimensiones de la muy cara calle Génova de Madrid no se vende como un piso. Y con una mala imagen detrás, mucho menos.
Una declaración de condena de las prácticas corruptas se puede hacer sin que resulte una denuncia de Rajoy, de Aznar, del mismísimo Fraga o de cada uno de los secretarios generales que se sucedieron. La erosión producida por sentencias judiciales puede tener, en cambio, efectos mortales. Primero, porque no se pueden negar los hechos. Segundo, porque ignorarlos provoca reacciones de los demás partidos exigiendo explicaciones. Y tercero, porque a la verdad hay que enfrentarse a pecho descubierto. La gente aprecia la valentía, valora la transparencia y premia la claridad.