Dolores Vázquez no asesinó a Rocio Wanninkhof (2ª parte)

OPINIÓN

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07 nov 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

III.- la Imparcialidad del Jurado y los juicios mediático

La imparcialidad y/o la neutralidad de las personas que componen un órgano jurisdiccional, subjetiva (no tener relación con las partes procesales)  u objetivamente (no tener interés en el asunto a decidir), son una de las garantías indispensables a todo proceso justo, también derecho fundamental, por exigencia del artículo 24.2 de la Constitución española, trasunto de convenciones internacionales. Y es tan importante que un juicio sin imparcialidad o neutralidad de los juzgadores se convierte en una pantomima, una farsa, un paripé o un circo.

Por eso, la Ley regula con detalle las causas de abstención y recusación de jueces (en España la Ley Orgánica del Poder Judicial y las dos leyes de enjuiciamiento, la civil y criminal). E imparcialidad exigible tanto a los jueces profesionales como a los no profesionales, caso de los nueve integrantes  del Tribunal del Jurado. Es de tener en cuenta la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual sentenció que, para estimar la imparcialidad, basta la apariencia de la misma. Y al principio de la imparcialidad del Ministerio Fiscal se refiere el artículo 124 de la Constitución. 

Muchos asuntos de competencia juzgadora por el Tribunal del Jurado, especialmente los llamados delitos contra las personas, tienen gran repercusión mediática (prensa, TV y redes sociales); interesan  a los medios de comunicación, y no sólo por el interés intrínseco de la información, sino también por el negocio y los dineros con ello relacionados, muy importantes para las cuentas de resultados de esas sociedades anónimas que son las empresas cuyo objeto o giro es la información. Y aquí se produce un fenómeno curioso: de una parte está la llamada sociedad de la información, de tanta importancia, en la que estamos y vivimos, con derechos ciudadanos fundamentales, de la llamada personalidad, a la libertad de expresión y a la libertad de información, y de otra parte, todo eso está en manos de empresas mercantiles que, a lo mejor, tienen un código ético que se lo saltan cuando les conviene.