Candidato bajo sospecha

Fernando Ónega
Fernando Ónega DESDE LA CORTE

OPINIÓN

Chema Moya | Efe

10 nov 2021 . Actualizado a las 09:04 h.

Enrique Arnaldo es uno de los candidatos propuestos por el Partido Popular como magistrado del Tribunal Constitucional. Y no tiene buena suerte. Los partidos de izquierda, nacionalistas e independentistas no lo quieren ver ni en pintura, y de hecho ni siquiera estuvieron presentes en la comisión que lo examinó. Dentro del PSOE, que sí lo votará en el pleno de mañana, el diputado Odón Elorza ha sido apartado del pleno dada su radical oposición. Y, para mayor escarnio, no hay día en que no se publique alguna información que lo desacredita. Van tantas, que es posible sostener que existe una campaña contra él, o simplemente que quien tiene conocimiento de algún hecho de su vida se apresura a comunicarlo a algún medio informativo. No recuerdo un caso de tal acoso e intento de derribo.

A la hora del juicio periodístico hay que distinguir dos aspectos: el ideológico y el ético. Ideológicamente, está claro que simpatiza con el PP, de lo contrario no habrá sido propuesto por esta fuerza política. En el Tribunal Constitucional hay magistrados de otras ideologías, que incluso fueron altos cargos en gobiernos socialistas, y no por ello resultan sospechosos de parcialidad. Cándido Conde-Pumpido fue fiscal general del Estado con Zapatero, pero nadie o casi nadie discute su categoría jurídica, que hace olvidar su simpatía por el PSOE. Por lo tanto, la ideología no debería ser un obstáculo para votar a Arnaldo, aunque sí sea rechazable para la prensa más militante en contra del Partido Popular. Y el PP, a su vez, debería pensar si su elección es coherente con su oposición radical a los nombramientos políticos en el Poder Judicial.

En el capítulo ético, las acciones que se le atribuyen no son ejemplares, pero tampoco delictivas. Por ejemplo, cobrar de una televisión regional, trabajar en una empresa de estudios jurídicos y dar clases en una universidad mientras era funcionario del Congreso de los Diputados. También se publicó que tuvo relaciones contractuales con el Gobierno de Jaume Matas, que fue abogado defensor de un consejero actual del Gobierno Ayuso o que actuó como consejero, creo que a título personal y amistoso, de algún imputado en el caso Lezo.