El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha vuelto a cabrearse. Siempre se cabrea por lo mismo: por lo que dice la prensa sobre cualquier aspecto de las pensiones. En este caso, por lo que fue una de las grandes noticias de la tarde del miércoles y ayer fue primera página de este diario con un gran titular: «Bruselas exige que suba el cómputo de años para calcular las pensiones». Y decía el señor ministro después de la unánime publicación que él no sabe de dónde ha salido eso, siendo como es él quien habla con Bruselas, con los agentes sociales y no sé con cuántas instituciones y personas más. Pues había salido del Plan de Recuperación suscrito entre la Comisión Europea y el Gobierno español. Y no sorprendió a los expertos, porque se viene hablando de este asunto desde hace más de un año y ya digo: siempre con cabreo del ministro.
Ahora la polémica tiene ya tantas vertientes como corrientes de lava el volcán de La Palma. Primero, la de confirmar que ese documento de exigencia y compromiso existe, es firme y de obligado cumplimiento.
Segundo, la de saber qué margen de maniobra existe, porque del cabreo del señor Escrivá también se desprende que, cuando llegue el momento del cambio, habrá negociaciones con los agentes sociales y de esas reuniones saldrá la decisión definitiva. Lo que cuesta más trabajo entender es por qué esas negociaciones no se celebran ya, porque la inquietud y la incertidumbre de los futuros pensionistas son clamorosas.
Tercero, la de discutir si la ampliación del tiempo de cómputo beneficia o perjudica a esos pensionistas futuros: lo normal es que los perjudique, porque es evidente que hace 30 o 35 años todos ganábamos menos que ahora. Habrá excepciones, naturalmente; hubo reducciones salariales en multitud de empresas en la gran recesión que empezó en 2008, pero estas últimas son de los últimos doce años, no de los anteriores. Y tanto la ministra de Trabajo como los sindicatos coinciden en señalar que ampliar el período de cómputo supone una rebaja de la pensión efectiva.
Y cuarto, plantearnos por qué se produce este caos de informaciones y desmentidos, de interpretaciones y análisis sesgados. Lamento mucho decirlo, pero es por el oscurantismo del Gobierno.
No puede ser que nos enteremos por un documento cuyo origen el ministro de la Seguridad Social dice desconocer. No puede ser que estemos a mes y medio de final de año y todavía no haya información detallada y de fuente segura de las condiciones que impone la Comisión Europea para la concesión de los fondos. No puede ser que, con las facilidades de comunicación que existen en estos momentos, todo resulte misterioso, incierto y fácilmente desmentible. Y en un asunto tan sensible y vital para millones de personas, no resulta admisible que se juegue con los intereses y los anhelos de toda una generación.