Para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones solo existen tres vías, a cada cual más dolorosa: incrementar los ingresos —más impuestos o cotizaciones—, reducir el gasto —recorte de las prestaciones futuras— o una combinación de ambas. Todos los hilos de la reforma, con los que Gobierno y agentes sociales se afanan en tejer un complicado encaje de bolillos, persiguen más ingresos, menos gasto o ambas cosas. Veamos tres de ellos, los que ocupan el escenario mediático estos días: el mecanismo de equidad intergeneracional, el período de cómputo para calcular la cuantía de la pensión inicial y la edad de jubilación.
El mecanismo de equidad actúa sobre los ingresos. El núcleo fundamental lo constituyen las cotizaciones sociales del 0,6 % durante una década, para nutrir la hucha de resistencia ante la jubilación de los baby boomers. Un colchón de 41.000 millones de euros, siempre que se cumplan dos optimistas previsiones del Gobierno: no afectará al empleo ni a los salarios y el ahorro acumulado en la hucha obtendrá una rentabilidad del 5 %. Lo primero, aunque los empresarios lo utilizan como argumento para oponerse a la medida, me parece más factible que lo segundo: el incremento de costes laborales será mínimo y, en consecuencia, también mínimo su impacto sobre el empleo o los salarios. La segunda previsión se asemeja más a un brindis al sol: no conozco, a día de hoy, nichos de inversión que garanticen una rentabilidad del 5 %. Pero, incluso en el mejor de los escenarios, hablamos de poco dinero: el gasto en pensiones está creciendo a razón de 50.000 millones por año y el plus del 0,6 % solo aportará unos 2.000 millones de ingresos adicionales. El anunciado colchón solo es una colchoneta fina e insuficiente.
La ampliación a 35 años del período de cómputo reducirá el gasto, pero reducirá las pensiones futuras de la mayoría. Se trata de una medida clásica en todas las reformas. En 1985, el cómputo pasó de los dos a los ocho años previos a la jubilación. En 1997, de ocho a quince. Y en el 2011, de quince a los 25 actuales. Cada ampliación rebajó la pensión futura de la mayoría de los trabajadores. No de todos: aquellos que ganaban más al comienzo que al final de su carrera laboral salieron beneficiados.
Finalmente, la ampliación de la edad de jubilación mejora a la vez ingresos y gastos: el trabajador cotiza durante más años y cobrará durante menos años. Pero esa ampliación progresiva de la edad legal de retiro ya fue aprobada en el 2011. Lo que hizo este Gobierno, con el propósito de acercar la edad efectiva a la legal, fue incentivar a quienes retrasen su retiro y penalizar las jubilaciones anticipadas. El ahorro logrado está por ver.
De lo dicho, dos conclusiones. Primera, la inevitable reforma de las pensiones la pagaremos todos: contribuyentes y trabajadores. Ya veremos en qué proporción. Y segunda, las medidas aprobadas o en negociación son tibias, lo que suscita una inquietante cuestión: ¿serán suficientes para garantizar la supervivencia del sistema y pensiones dignas para nuestros hijos?