Hay cuestiones que determinados partidos desprestigian diciendo que «los problemas reales» de la ciudadanía son otros. En Asturias/Asturies llevamos una buena temporada con el debate de la oficialidad del asturiano, que para no ser algo que demanda la ciudadanía en opinión de la derecha, bien que preguntan, repreguntan y hasta trasladan las discusiones a los ayuntamientos (para tratarlo en los plenos). Algo parecido ocurre con la futura Ley de Memoria Democrática, cuyo paso por el Congreso del texto propuesto por el ministro Félix Bolaños ha originado que los dos grupos que sustentan al Gobierno de Pedro Sánchez hayan decidido presentar unas treinta enmiendas, entre las cuales hay una que está dando mucho que hablar porque abre la puerta a que de una vez se puedan juzgar crímenes franquistas. Es verdad que la propuesta no plantea modificar ni derogar la Ley de Amnistía (lo que en opinión de muchos expertos permitirá a los jueces continuar justificando su negación a investigar nada), pero es asombroso que haya partidos que digan que la reparación de las víctimas rompe los consensos de la Transición y no interesa a nadie. No, no se trata de abrir heridas, sino precisamente cerrarlas de una vez, porque hubo en el pasado gente que también argumentó que estos temas no eran importantes para la ciudadanía (y con ese pretexto se lleva cuarenta años esperando a que haya verdad y justicia). ¿Hasta cuándo? Mañana es 20 de noviembre y sí, se han dado pasos enormes como que el dictador ya no esté en el Valle de los Caídos, pero ciudades como Oviedo/Uviéu mantienen en este momento calles como la del General Yagüe sin que les avergüence a quienes tienen la potestad de dejar de rendir homenaje al conocido como «carnicero de Badajoz». Ya no es solamente un problema real, sino algo gravísimo (que nos debilita como sociedad democrática por no haberlo solucionado hace mucho tiempo).
Si difícil y complicada será la negociación para una nueva normativa laboral que acabe con la reforma realizada por el PP en 2012, no iba a ser menos la de las pensiones. La patronal no ha querido sumarse al acuerdo del Gobierno con los sindicatos para poner en marcha el «mecanismo de equidad intergeneracional» por el que tanto los trabajadores como las empresas tienen que aportar 0,6 puntos porcentuales más a la Seguridad Social desde 2023 hasta 2032 (con el fin de garantizar que las personas nacidas en el periodo al que se le llamó baby boom puedan tener garantizadas sus pensiones). Según dijo el ministro José Luis Escrivá se conseguirá en los próximos diez años un «colchón» de 50.000 millones de euros para la denominada «hucha de las pensiones», que cabe recordar que en la actualidad se encuentra bajo mínimos por culpa del Gobierno de Rajoy (que la vació casi completamente). Pese a las dificultades, creo que resuelve un problema real, al menos a corto plazo (aunque ojalá para quienes somos hoy jóvenes tengamos también esta cobertura social pública cuando nos jubilemos).
Los datos de incidencia acumulada siguen subiendo y Euskadi ha sido una de las comunidades en empezar a tomar medidas. Si bien es cierto que por ahora los datos en los hospitales no son alarmantes (y los confinamientos y todas las demás medidas se tomaron precisamente para no colapsarlos), es impredecible qué va a ocurrir. Seguimos inmensos en un problema real, muy largo y pesado, pero del que se requiere de la colaboración de cada uno de nosotros para que aquello que se decía hace un año de «salvar la Navidad» no sea este año necesario viralizarlo. España está por lo general en mejor situación que otros países gracias al éxito de la campaña de vacunación y al compromiso solidario y responsable de quienes vivimos en esta parte del mundo (porque en otros lugares el principal problema que tienen es que hay mucha población sin vacunar por decisión personal o porque la infraestructura no ha sido efectiva al no conseguir rebasar el 70% de población con alguna dosis), así que se comprueba que la mejor medida para iniciar cualquier recuperación económica y social pasa por invertir y apostar por una sanidad pública de calidad.