El miércoles pasado, mientras me aburría con el Telediario de las tres, me sorprendieron unas imágenes que, curiosamente, conocía muy bien. Se trataba de las huelgas del metal que se están desarrollando en Cádiz, en las que una reivindicación de carácter predominantemente salarial, se veía adobada con algaradas y desórdenes de todo tipo, y con una furia incendiaria y destructiva que me recordaron el ambiente de la dictadura.
Me pareció una huelga muy anticuada, que, en vez de servir al dialogo y a las negociaciones racionales, mediante una presión perfectamente equilibrada entre las pérdidas de salarios de los trabajadores, y las caídas de beneficios de los empresarios, buscaba el agrandamiento de un conflicto urbano que acertase a cargar sus costes sobre todos los ciudadanos, a bloquear el funcionamiento de todos los servicios públicos y privados, y a conseguir que los posibles acuerdos finales, en vez de ser hijos de la razón y el realismo negociador, queden vinculados a un balance de pérdidas que favorecen al que más daños produce, y al que más tiempo puede soportar los efectos de la contienda.
Lejos de sorprenderme por este tipo de conflictos, que tantas veces justifiqué y participé, no consigo entender por qué las huelgas de hoy —que protagonizan sindicatos democráticos y representativos, y trabajadores que, gozando del derecho de huelga protegido por la ley y tutelado por las fuerzas de seguridad del Estado, redirigen sus quejas y demandas hacia un Gobierno democrático y hacia marcos negociadores que reúnen en la misma mesa a trabajadores, patronales y sindicatos— se organizan hoy con las mismas armas y argucias con las que actuaban, hace cincuenta años, unos obreros con derechos de huelga muy limitados, unos sindicatos ilegalizados y clandestinos que tenían que enfrentarse a patronales injustamente empoderadas, y unos líderes sindicales y políticos que debían combatir a un Ejecutivo autoritario que tenía facultades exorbitantes para determinar quien iba a salir vencedor de cada conflicto salarial, o de cada reivindicación de libertades y derechos políticos.
Aquellos trabajadores tenían la obligación moral de defender sus derechos e intereses mediante la algarada, el desorden social y económico, y la extensión de las pérdidas salariales a toda la sociedad, porque daban batallas siempre perdidas. Pero los huelguistas de Cádiz no necesitan hacerlo así, ni gozan de legitimidad moral para sus disturbios. Porque actúan con plena libertad democrática, y corren el riesgo de provocar la desafección e incomprensión de los ciudadanos que, llenos también de problemas e incertidumbres, acaban interpretando la algarada como un injusto ataque contra su atribulada vida. Por eso creo que este modelo de huelga, de pedrada, fuego y tirachinas, no necesita ser combatido con argumentos jurídicos o políticos, ya que lo peor que se puede decir de él es que se trata de una fórmula anticuada, que no sabe distinguir entre un simple convenio laboral y una lucha heroica e inexcusable contra la dictadura.