La gran involución y sus cinco leyes

OPINIÓN

Sede del Tribunal Constitucional
Sede del Tribunal Constitucional

30 nov 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

Si en marzo de 2020 hubiéramos pensado en los escenarios distópicos probables a los que la pandemia nos enfrentaba, sucede que algunos de ellos guardan bastante relación con lo que vivimos hoy día. No tanto, quizá, por el peor resultado posible, que, aun siendo grave la situación, no es el que tenemos, si lo comparamos con las grandes pandemias de la historia o con los ejercicios de fabulación catastrófica de la ciencia-ficción. Pero sí por las cargas de profundidad que la reacción frente a la pandemia va dejando, las minas que va sembrando en los cimientos de lo que somos y esa sensación inquietante de un sistema profundamente horadado. Casi dos años después del inicio de esta tragedia, en efecto, podemos observar que, lejos de hacernos más fuertes, la salud social y democrática, la salud institucional y la del Estado de Derecho, renquean como lo hace la salud física y la propia atención sanitaria, conduciéndonos, sin aparente remisión, a un nuevo esquema de organización del poder y de la relación entre gobernantes y gobernados. En otros países de manera mucho más acusada que en España, aunque, desde luego, aquí no nos libramos de ese ambiente de degradación. Una cuesta abajo que sigue las que, podríamos llamar, cinco leyes de la involución pandémica.

Toda restricción limitada tiende a desbordarse. A lo largo de la pandemia, hemos visto cómo la dinámica de restricciones a libertades y derechos sobrepasaba con facilidad y frecuencia las contenciones que opone el criterio de proporcionalidad, e incluso así se proclamaba públicamente (más vale excederse que quedarse cortos, ha venido a ser el lema, en algunas ocasiones). Así ha sucedido desde el confinamiento estricto inicial, sostenido con niveles de propagación de la enfermedad y ocupación hospitalaria sustancialmente inferiores a los que después hemos tenido (sin apenas reflexión autocrítica sobre la capacidad destructiva de la decisión y su extensión), a imposiciones generales de medidas (sobre la movilidad, el derecho de reunión y manifestación o la vida familiar) que, lejos de aplicarse flexiblemente, se ejecutaron durante meses y vuelven a blandirse como recursos disponibles. La idea, sacrosanta hasta marzo de 2020, de que las limitaciones a derechos fundamentales sólo eran factibles en nuestro sistema de manera quirúrgica, especialmente motivada, siguiendo el procedimiento reglado y con amparo específico de la ley (y no por actos administrativos dictados hasta por la autoridad menos indicada, como hemos visto), prácticamente saltó por los aires. Las consecuencias aún colean, con escasísima sensibilidad a la hora de evaluar los excesos, hasta cierto punto entendibles en el peor momento, pero que exigen un reexamen. Que las restricciones, paradójicamente, se expanden como la mancha de aceite difícil de atajar, por otra parte, lo vemos todos los días, por cierto, en cualquier Administración que expulsa de sus dependencias a los ciudadanos analógicos o los sitúa detrás de barreras o mamparas, o los condena a esperar bajo la lluvia porque se les teme o simplemente molestan. Y no es, ni mucho menos, la peor cara de la repercusión negativa de las medidas tomadas.

Toda disposición de emergencia tiende a perpetuarse. Aunque el problema sea bien distinto (una pandemia que ha descolocado todo, alterado las vidas de casi todos y segado muchas), la disyuntiva no deja de tener elementos comunes con el debate que nos ha venido ocupando durante los últimos veinte años en las sociedades abiertas (o que antes eran abiertas). El dilema, contrariamente a lo repetidamente invocado, no ha estado tanto entre economía y salud, sino entre libertad y seguridad, algo nos resulta mucho más familiar. Apostando prácticamente todo a la segunda y temiendo, despreciando o desfigurando la primera, el debate sobre el instrumento jurídico empleado ha sido secundario. Lo importante, a la postre, es que el entorno de excepcionalidad justifique leyes de alerta, emergencia o crisis, superando con mucho la vocación originaria de tasar las situaciones (los estados de alarma, excepción y sitio contemplados en la Constitución) y sustituyéndolas por normativa profusa, ininteligible para el ciudadano medio, tremendamente invasiva, desproporcionada y muchas veces sin rango legal o sin respetar la idea (hoy casi ingenua, se diría) de que sólo por ley orgánica se modulan y delimitan los derechos fundamentales. En el caso de España, a lomos de los recursos que han deparado las declaraciones de inconstitucionalidad de ciertos aspectos de los reales decretos de los estados de alarma, no deja de ser significativa la conclusión común alcanzada, verdaderamente contraproducente: para muchas restricciones establecidas con carácter general ya se prescinde de la declaración de estados de crisis contemplados en la Carta Magna (basta invocar la legislación de salud pública y, de momento, la autorización judicial); y, cuando haya en el futuro (ojalá no sea más que una hipótesis) una situación análoga a la de marzo de 2020, en lugar de pensar si debe aplicarse la misma receta, se declarará el primer estado de excepción de nuestra historia democrática, con consecuencias impredecibles. También veremos, al tiempo, como en situaciones de crisis de carácter no sanitario (pensemos en oleadas migratorias o episodios como los vividos en Ceuta este verano) o incluso de crisis medioambientales, se hará uso de estados de crisis o declaraciones parejas. Polonia ya lo hace con la crisis de refugiados en la frontera con Bielorrusia (con apoyo comunitario, casi nadie se pregunta por el destino de los desgraciados que se agolpan al otro lado); y la técnica del confinamiento obligatorio se ha usado en Nueva Delhi para atajar episodios extremos de contaminación, que ya no son infrecuentes.