En los reportajes de las radios y televisiones sobre la manifestación celebrada en Madrid contra la reforma de la ley de seguridad ciudadana se pudo escuchar a dirigentes de sindicatos policiales y a manifestantes que afirmaban que los límites a la presunción de veracidad de los atestados o declaraciones de los policías, o la reducción de las sanciones a los participantes en manifestaciones no comunicadas, ponían a estos a merced de los «delincuentes». Me alarmó tanto esa identificación de manifestantes y delincuentes como que los sindicatos de policías y guardias civiles se hayan echado en manos de la extrema derecha. Alguien puede cometer un acto delictivo mientras participa en una manifestación, pero eso no convierte a los manifestantes en delincuentes, tampoco a los aficionados al fútbol que haya una agresión al árbitro durante un partido o actos de gamberrismo después.
Los policías que se manifestaban ejercían un derecho constitucional, también quienes lo hacen por otras causas, gusten o disgusten. Quienes promueven o participan en una manifestación no comunicada no comenten un delito, por eso no son sometidos a juicio, deberían saberlo quienes tiene a su cargo la defensa de la ley. Es razonable que la mayoría de las manifestaciones sean comunicadas previamente, no solo porque eso permite a las fuerzas de seguridad preparar un dispositivo que prevenga incidentes, también debido a que afectan a la actividad ciudadana, especialmente al tráfico, con todo lo que eso implica incluso para emergencias sanitarias o de otro tipo, pero pueden darse casos en que se produzca una reacción espontánea a un acontecimiento. He participado en manifestaciones de ese tipo contra agresiones machistas, la guerra de Irak o debido a alguna protesta universitaria, por poner varios ejemplos, en las que no se ha producido ningún incidente, aunque no hubiese policía en las cercanías. Hasta las hubo que transcurrieron por las aceras para evitar cortes de tráfico.
La ley vigente, aprobada por el PP cuando tenía mayoría absoluta y sin consenso, establece un sistema de sanciones gubernativas para actuaciones que habían sido despenalizadas o nunca habían entrado en el código penal, eso tiene un aspecto positivo, no son delitos, pero provoca indefensión a las personas afectadas. Que las sanciones sean proporcionadas y que, si el comportamiento de los manifestantes es pacífico y la causa de la protesta justificada por algún suceso, no se apliquen parece bastante sensato.
La presunción de veracidad de las declaraciones de los policías es un asunto complejo. La reforma no la elimina, pero exige que estas sean razonables y coherentes. No hay duda de que las fuerzas de seguridad se comportan habitualmente con profesionalidad, de forma honesta, pero, como es lógico entre decenas de miles de personas, también hay excepciones. Igual que aparecen en los periódicos casos de policías o guardias civiles corruptos, implicados en casos de prostitución o narcotráfico, por ejemplo, puede haberlos que se extralimiten en sus funciones, incluso que, por motivos ideológicos, busquen chivos expiatorios, aunque sepan que no fueron ellos los que participaron en agresiones o daños a bienes, públicos o privados, en una protesta. Que los sindicatos policiales se hayan echado en manos de la extrema derecha refuerza esta sospecha y esto es algo que han hecho voluntaria e innecesariamente. Deberían pensarlo antes de mostrar «estupor» por los «ataques» de la izquierda, como he leído en un diario digital.
Escribo con conocimiento de causa, sufrí personalmente una acusación falsa de agresión a la policía. Es cierto que fue en 1976, partió de la Brigada Político Social, entonces llamada BRIS, poseo el documento, cuando se mantenían las instituciones de la dictadura, pero los policías falsarios siguieron en activo con la democracia. Francamente, la denuncia que pueda partir de un policía o guardia civil afín a Vox o a otra organización de extrema derecha, cargado de odio contra «progres», izquierdistas y nacionalistas, me ofrecería hoy profunda desconfianza. Las fuerzas de seguridad deben defender los derechos de toda la ciudadanía, también de esa mayoría que vota a las izquierdas y a los nacionalistas o independentistas. Sus integrantes tienen derecho a tener sus propias ideas políticas, por supuesto, pero no beneficia nada a su imagen que colectivamente se inclinen por determinadas opciones y produce temor la sospecha de que están plagadas de extremistas.
En el caso de la grabación de actuaciones policiales, se mantiene la sanción a la difusión de imágenes que puedan afectar a la intimidad y seguridad de los agentes y sus familias, pero, tal como está ahora en la ley, se había utilizado incluso para dificultar la labor de los periodistas. Habrá que buscar el equilibrio adecuado, pero un vídeo o una imagen pueden ser elementos de prueba en un juicio o frente a una sanción y el derecho a la información debe ser protegido.
Una cosa es garantizar el apoyo y la protección a quienes ejercen una profesión necesaria, difícil y peligrosa y otra dotarlos de una impunidad característica de los regímenes autoritarios o dictatoriales.
Es legítimo que un sector de los cuerpos policiales discrepe de una ley y que proteste por ello, no tanto que se les permita hacerlo a las puertas del Congreso de los Diputados, pero también es comprensible que alarme a buena parte de la ciudadanía su politización y la afinidad de sus sindicatos con posiciones extremas.