La política ha sido definida a lo largo de la historia de mil formas, algunas cómicas, bastantes frívolas y la mayoría para destacar su utilidad para resolver problemas de las personas y de las naciones. En estos tiempos de adanistas, en que nada de lo anterior es válido, podemos anotar los primeros síntomas de la próxima muerte de la política. Algunos de esos síntomas los habíamos visto en el asalto al poder de los tecnócratas, bien dotados para la economía de recortes, absolutamente torpes para conectar con las aspiraciones y necesidades de la sociedad.
El síntoma de muerte que me parece definitivo se publicó ayer: el Gobierno de Pedro Sánchez encargó a una empresa consultora el diseño de una estrategia nacional para las ciudades de Ceuta y Melilla. Ese diseño debe contemplar la realidad económica y social de las dos ciudades, las formas de superar su larga y creciente crisis económica y social, cómo superar los efectos del cierre de aduanas por Marruecos, y, por supuesto, las posibles inversiones y los sectores más atractivos para invertir. Traducido a nuestro román paladino, el Gobierno español da por agotadas sus ideas para dos de los lugares donde más se juega la idea de España y sale a buscar y comprar esas ideas en el mercado, aunque sea con una consultora pública. Se agradece la transparencia de la información y acongoja la normalidad con que se transmitió al diario El País.
Ceuta y Melilla no son dos polígonos industriales, ni dos empresas cuya viabilidad se desconoce y cuyo lanzamiento se encarga a una sociedad mercantil. Ceuta y Melilla son las ciudades más sensibles de la nación. Son un pasillo diario de tráfico de migrantes. Y son, en fin, las fronteras europeas del Sur. Su futuro es incierto, más allá de la proclamación de siglos de pertenencia a España. Cualquier año de estos Marruecos las reclamará de modo formal y tendremos un nuevo e inquietante problema territorial.
¿Y el plan estratégico de algo tan trascendente para el Estado se encarga a una consultora? Así es, y con un presupuesto de 600.000 euros, poco dinero para tanta inteligencia como se requiere, muchísimo dinero cuando el Estado dispone de recursos como para no acudir a una consultora que hay que pagar: tiene el Instituto Nacional de Estadística; tiene abogados del Estado que garantizan cobertura jurídica; tiene un cuerpo de economistas de alta cualificación; tiene una Administración local que conoce el terreno; tiene un ejército de profesionales experimentados en la Administración central, y tiene a los partidos, que periódicamente, en todas las elecciones, presentan alternativas y hacen propuestas grandiosas.
Y, a pesar de todo, insisto, ¿hay que encomendar el plan estratégico nacional a una consultora? Si es así, la política ha demostrado su impotencia. Ha muerto. El futuro ya no está en la ideología. Está en los algoritmos.